¡ a prisión, a prisión!¡ por golpista y por ladrón!

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Ya están a buen recaudo. Esperemos no volverlos a ver fuera hasta el año 48 por lo menos, mejor para el 58.

Pero estos gilipollas no entienden lo que son facta concludendia. Pues está muy claro, si usted gilipollón calvo llevaba ayer el lacito amarillo hoy será un proindependentista y no podrá convencer a ningún juez normal de lo contrario. Si usted habla y habla del “pruces” y el Juez sabe el delito que se está cometiendo en el pruces, usted va de cabeza al infierno separatista tarado, que es un separatista tarado.  Si usted está hablando todo el día en catalufón en el “cungres” con una bandera “estrellada” debajo del culo y con una foto de Pig mamón por delante, es Magistrado en ese momento se acuerda de …….. la cárcel a donde va a ir. Señores separatas, son más cobardes y más tontos de lo que nos pensábamos los españoles que les están perdiendo todo el respeto viendo el pedazo de catetos cobardes y traidores que gobernaban en la catalufonia separatisita.  La denominada catalufonia de los ladrones en donde existe un bajito calvo que todavía no ha ido a la cárcel.

En la cárcel, “mientras su voluntad no cambie”

Los cinco procesados defendieron ante el juez no haber cometido “delito alguno”. Es por ello que el magistrado considera que deben ir a prisión porque no van a respetar las decisiones del Alto Tribunal de manera “permanente”. Llarena les deja claro que “mientras su voluntad no cambie”, seguirán en la cárcel.

Dicho esto, el magistrado les advierte también de que aunque hayan renunciado a su acta de diputado -es el caso de Forcadell y Bassa-, eso “ni despeja la posibilidad de que persista la determinación para impulsar” el proceso soberanista, “ni excluye que los procesados puedan realizar aportaciones desde colaboraciones muy diversas y diferentes de la actividad parlamentaria”. “El riesgo de reiteración existe pese a la renuncia al acta de diputado”, precisa Llarena.

En cuanto a la asistencia de Turull y los otros dos diputados -Rull y Romeva- al pleno de investidura que se celebrará este 24 de marzo en el Parlamento catalán, el juez deniega el permiso tras considerar que “aunque cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa, la facultad no desactiva la obligación judicial”.

La otra persona procesada este viernes y contra la que también las acusaciones pidieron prisión incondicional fue Marta RoviraMarta Rovira, secretaria general de ERC, que decidió huir de la Justicia española y marcharse a Suiza porque, en su opinión, “es la única forma” de alzarse “contra el Gobierno.

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la gran señora va del auto a la cárcel y esperemos que vuelva de la cárcel al auto en el 48 siempre que no se haya muerto antes.

L”CAUSA ESPECIAL núm.: 20907/2017

Instructor/a: Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao
Barredo
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
Auto núm. /
Excmo. Sr. Magistrado Instructor
D. Pablo Llarena Conde
En Madrid, a 23 de marzo de 2018.
Ha sido Instructor el Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 21 de marzo de 2018 se dictó auto acordando:
“Declarar procesados por presuntos delitos de rebelión, del artículo
472 y concordantes del Código Penal, a Carles Puigdemont i Casamajó,
Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull i Negre, Raül Romeva i Rueda, Antonio
Comín i Oliveres, Josep Rull i Andreu, Dolors Bassa i Coll, Clara Ponsatí i Obiols, Joaquim Forn i Chiariello, Jordi Sánchez Picanyol, Jordi Cuixart
Navarro, Carme Forcadell i Lluís y Marta Rovira i Vergés”

Lo primero curioso es el encabezamiento como “Proceso Especial”. Eso significa que estos mandrias que viven de todos nosotros muy ricamente tienen unos privilegios por ser diputados y que no permiten encausarlos más que al Tribunal Supremo. Es una deferencia hacia ellos que implica que no tienen Tribunal de Apelación, ni de casación, por lo que serán juzgados en una sola instancia. Lo segundo curios es comprobar todos los apellidos de estos separatistas catalufones, no tienen ni un solo apellido del resto de España. Son unos endogámicos fascistas que solo se casan entre familias privilegiadas que originan estos especímenes catalufones al 100%. Imagino que al nacer le darán un biberón con butifarra y si son capaces de tomarlo es que son catalufones separatistas de pro. Me ha sorprendido gratamente que puedo señalarles  como no españoles e incluso como no humanos desde mi punto de vista. 

Se fija como nueva cuantía de la fianza en garantía de las
responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del presente
procedimiento, la cantidad de 2.135.948,6 euros, que habrá de ser
solidariamente prestada por los procesados Carles Puigdemont i
Casamajó, Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull i Negre, Raül Romeva i
Rueda, Meritxell Borràs i Solé, Clara Ponsatí i Obiols, Antoni Comín i
Oliveres, Joaquim Forn i Chiariello, Josep Rull i Andreu, Lluís Puig i Gordi,
Carles Mundó i Blanch, Dolors Bassa i Coll, Santiago Vila i Vicente y
Meritxell Serret i Aleu.

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Turull, ¡tienes que llorar lágrimas de sangre y que de tus ojos, naríz, oídos y boca no salga más que el espeso líquido ferruginoso. Debes llorar, por supuesto que debes llorar por el daño que has hecho a España y que no salgas de la cárcel hasta el año 48 ya viejo y con dos bastones o antes con los pies por delante y la cabeza fría. No os ha importado hacer ningún daño al pueblo español, ni os ha importado mandar a honrados catalanes al paro y al hambre por la pérdida de empresas. No voy a sentir nada de lo que les pase a unos sicópatas (presuntos) como habeís sido todos los partícipes en el Pruces.

 

 

Es muy importante esta cantidad que ha de ser prestada SOLIDARIAMENTE.  Esto con un poco de suerte significa que todos los bienes inmuebles y terrenos rústicos de todos estos pájaros en España van a salir a pública subasta y ellos los van a perder. Estoy esperando para adjudicarle ma casa de Pigmamón para bailar un chotis en ella. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Ya se ha expresado en anteriores resoluciones que es doctrina constitucional reflejada en el artículo 503 de la LECRIM, que la legitimidad constitucional de la prisión provisional, como medida cautelar restrictiva del derecho a la libertad en el seno de un procedimiento penal, no sólo exige el presupuesto de existencia de indicios racionales de la comisión de un delito, sino que concurra el riesgo de que alguna de las finalidades esenciales del  proceso penal pueda malograrse como consecuencia de una inactuación judicial presente.

De este modo, se reconocen como fines que pueden legitimar constitucionalmente la prisión provisional: conjurar el riesgo de que el investigado pueda sustraerse a la acción de la justicia de continuar en libertad; que en igual situación pueda proceder a la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento; así como los supuestos en los que exista un razonable pronóstico de que si el encausado permanece libre pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima o, por último, que pueda reiterar su comportamiento delictivo.

 

Repito las causas de prisión provisional para que vean lo poco preparados que están los periodistas que nos informan, que hablan de todo y no saben de nada, ni de periodismo.

1º) Existencia de indicios racionales de la comisión de un delito.

2º) conjurar el riesgo de que el investigado pueda sustraerse a la acción de la justicia de continuar en libertad;

3º)que en igual situación pueda proceder a la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento;

4º) así como los supuestos en los que exista un razonable pronóstico de que si el encausado permanece libre pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima

5º) o, por último, que pueda reiterar su comportamiento delictivo.

Como ya se ha expresado en otras decisiones, la doctrina constitucional (STC 128/1995, de 26 de junio; 47/2000, de 17 de febrero o 23/2002, de 28 de enero) contempla que la relevancia de la gravedad del delito y de la pena para la evaluación de los riesgos de fuga -y con ello, de frustración de la acción de la Administración de la Justicia- resulta innegable, tanto por el hecho de que a mayor gravedad del delito más intensa cabe presumir la tentación de la huida, cuanto por el hecho de que a mayor relevancia de la acción cuya falta de enjuiciamiento se teme, mayor será el perjuicio que, en el caso de materializarse la fuga, sufrirían los fines perseguidos por la justicia. Una realidad que hoy sematerializa respecto de una de las procesadas, que no ha atendido la citación de
este Tribunal.

Es evidente que la huida de la cobarde y mentirosa Marta Rovira ha metido en la cárcel a los demás investigados. Ellos le deben agradecer a esta despreciable e incívica separatista sus males y su detención. Ha demostrado tener en grado máximo los valores del separatismo, cobardía, actuación a traíción, mentira sin pausa, rasgos de sicópata que solo le interesa su beneficio sin importarle hasta donde puede hundir a los demás. 

Expresan los procesados presentes que su comparecencia ante el Tribunal es expresión del posicionamiento contrario que trata de conjurarse y que no puede adoptarse una resolución en función del comportamiento procesal que hayan podido adoptar otros encausados.  El alegato es razonable. La consideración del riesgo de fuga de los encausados debe de hacerse en análisis de las circunstancias personales que les afectan y estas vienen presididas por haber comparecido ante este instructor en cuantas ocasiones han sido llamados.

Lamentablemente es de imposible percepción cual pueda ser la voluntad interna de los procesados, por lo que debe recurrirse a una serie de elementos externos que permitan construir un juicio razonable de pronóstico, y no sólo respecto de su voluntad presente, sino de la eventualidad de que esta pueda modificarse con ocasión del propio desarrollo de la causa. Y desde esta  consideración, lo cierto es que la imputación que se cierne sobre los procesados no es precipitada y responde a las fuentes de prueba que se han acopiado durante el proceso, apuntando a una excepcional relevancia penal que tiene su
correspondencia en una pena de incuestionable rigor.Resultado de imagen de auto de prisión provisional de los consejeros pdf

Trapero, no te creas que nos olvidamos de ti, lo único que muchos sentimos es que no tengas como una compañía un ratón en una prisión de máxima seguridad.

 

Ello aporta un primer parámetro objetivo de valoración, cual es que la tentación a la fuga ante una pena de intenso gravamen aumenta, a medida que lo hace también la proximidad legal y temporal de poder sufrir sus consecuencias. En todo caso, y como se indica también en el auto de procesamiento, el riesgo se potencia por la concurrencia de otros dos factores:

En primer lugar, si bien es cierto que los procesados cuya situación se analiza han comparecido ante el Tribunal cuando han sido llamados, la investigación también ha reflejado su clara insurrección a las decisiones de la autoridad judicial, las cuales han desatendido de manera contumaz y sistemática durante los últimos años. Esta constatación coexistió con el convencimiento de que existían razones que les proporcionaban legitimación para enfrentarse a ese acatamiento de las decisiones judiciales. Y puesto que esos argumentos son los mismos que les llevan a entender que no han perpetrado delito alguno, como han manifestado en la mañana de hoy, puede concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente, ni por su consideración general al papel de la justicia, ni porque acepten la presunta ilegalidad de la conducta que determina la restricción de sus derechos.

En realidad, el acatamiento de la decisión del Tribunal se producirá mientras su voluntad no cambie, tal como ya ha acontecido hoy con otra de las procesadas. Más aún cuando la pérdida de la garantía personal prestada no supondría un gravamen para su propio patrimonio, por devenir de una solidaridad colectiva.

Por último, las motivaciones que impulsaron a los procesados a cometer los presuntos delitos que se les atribuyen, son compartidas por un amplio colectivo que se solidariza con su causa. Y este colectivo -como ya se ha dicho en el auto de procesamiento- cuenta con estructuras asociativas organizadas, asesoramiento legal especializado, relevantes recursos económicos derivados de las aportaciones de sus asociados, así como un armazón internacional desarrollado en los últimos años para la defensa de sus planteamientos y, por tanto, en condiciones de prestar un soporte eficaz.

 

Es decir, que rebeldes (presuntos) estarán a disposición del Tribunal mientras que no tengan otra opción mejor. Hoy se han presentado porque consideraban que no iban a ser detenidos en una gran proporción y, por tanto, por eso han ido a hacer el paripé delante de Su excelentísima Señoría. Pero mañana, si existe el menor riesgo para ellos, pasarán a huir y a ser mantenidos por los millones y la red de amigos que tienen en el extranjero. Por consiguiente van a la cárcel porque además todos los días han ido con lazos, se les ha llenado la boca de república y de sus hechos y actos no han demostrado en ningún momento que aceptaban el mal que habían hecho. 

CUARTO.- Concurre además un marcado riesgo de reiteración delictiva. Sin perjuicio de que algunos de los procesados han renunciado a su acta de diputados (Dolors Bassa i Coll, así como Carmen Forcadell i Lluís), todos ellos han compartido la determinación de alcanzar la independencia de una parte del territorio nacional. Y no puede eludirse que la aspiración, en sí misma legítima, se ha pretendido satisfacer mediante instrumentos de actuación que quebrantan las normas prohibitivas penales y con apoyo de un movimiento social, administrativo y político de gran extensión.

En tal coyuntura, la renuncia al acta de diputado, ni despeja la posibilidad de que persista la determinación para impulsar los objetivos sin respeto a las normas pernales, ni excluye que los procesados puedan realizar aportaciones a esa intención desde colaboraciones muy diversas y todas ellas diferentes de la actividad parlamentaria.

Más allá de las personas que han sido encausadas ante esta Sala, la investigación demuestra que fueron muchos los sujetos que se concertaron para quebrantar el orden constitucional y penal como consecuencia del acuerdo delictivo que se investiga. Todos ellos han intervenido desde múltiples facetas de colaboración, por más que su participación sea objeto de investigación en otros órganos judiciales.

Si a esta pluralidad de planos de actuación se une, como se indica también en el auto de procesamiento, que el designio al que se incorporaron desde un inicio preveía (Libro Blanco) continuar con la actuación ilícita tan pronto como se recuperaran las instituciones autonómicas que hubieran sido intervenidas, puede concluirse que el riesgo de reiteración existe pese a la renuncia al acta de diputado.

Este es el verdadero problema de estos elementos separatistas: LA REITERACIÓN DELICTIVA. Y es evidente que todos los metidos en Chirona seguían participando mediante palabras y obras en el mantenimiento de la DUI. Por tanto están muy bien en la cárcel de acuerdo con el principio de: ODIA EL DELITO, DESPRECIA Y ENCIERRA AL DELINCUENTE Y PROTEGE A LA VÍCTIMA POR TODOS LOS MEDIOS. Y como la víctima es España que es más importante que las vidas de todos los separatistas catalanes pasados, presentes y futuros, el que cinco delincuentes que han producido enorme daño a la Patria vayan a prisión es lo justo y necesario y es nuestro deber y salvación meterlos en la trena por 36 años de condena.

Decía el Libro Blanco “Incluso en el caso extremo de suspensión del autogobierno, esta suspensión no podría tener carácter indefinido y mucho menos definitivo y, por tanto, la voluntad popular y la voluntad institucional podrían seguir manifestándose una vez recuperada la autonomía y el funcionamiento ordinario de las instituciones”. La actuación de los últimos meses no permite obtener la convicción de que se haya abandonado la intención de algunos partícipes de retornar al anormal funcionamiento de las instituciones y, no conjurándose ese riesgo, tampoco se desvanece la posibilidad de prestar una colaboración desde distintos ámbitos del parlamentario, tal y como ya ha
acontecido incluso respecto de una de las procesadas, habida cuenta Carme Forcadell inició la ejecución de estos hechos como presidenta de la entidad soberanista ANC, y continuó como presidenta del Parlamento de Cataluña después. La medida cautelar garantiza así el acertado retorno del autogobierno.

SEXTO.- Respecto a la imposibilidad material de Jordi Turull i Negre, así como del resto de parlamentarios, de acudir a desempeñar sus funciones parlamentarias y a participar en la sesión de investidura prevista para el día de mañana, en atención a la medida cautelar que ahora se adopta, considerando que su asistencia letrada remite a los argumentos desarrollados con ocasión de un pedimento semejante dimanante de otros procesados en esta causa, baste recordar lo que en dichos supuestos se indicó.

El artículo 23.1 de la Constitución Española establece que “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”, a lo que el número 2 añade que: “Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”. Como indicaron las resoluciones anteriormente referidas, la evaluación de cuál es el contenido material del derecho a acceder a las funciones y cargos públicos, concreta que el derecho no se agota con el acceso, sino que se extiende y  amplía hasta abarcar el ejercicio de la función representativa (SSTC 32/1985, de 6 de marzo; 220/1991, de 25 de noviembre (FJ 5); 71/1994, de 3 de marzo  (FJ 6); 109/2016, de 7 de junio (FJ 3 a); 11/2017, de 10 de enero (FJ 3 a) y 139/2017, de 29 de noviembre).

Ello no implica que resulte inadmisible su limitación cuando venga fundada en otras finalidades constitucionalmente legítimas que presenten una correspondencia razonable en su intensidad, pues, como ya indicaba el TribunalConstitucional al evaluar el alcance del artículo 23.2 de la CE en su STC 71/1994, de 3 de marzo (con cita de la STC 25/1981), «Esta limitación o suspensión de derechos fundamentales en una democracia, sólo se justifica en aras de la defensa de los propios derechos fundamentales cuando determinadas acciones, por una parte, limitan o impiden de hecho su ejercicio en cuanto derechos subjetivos para la mayoría de los ciudadanos, y, por otra, ponen en peligro el
ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, es decir, el Estado democrático». Una exigencia de adecuada correspondencia entre la limitación que se impone al derecho y los bienes jurídicos que tratan de protegerse, que ha sido reconocida por el TEDH, en su sentencia de la Gran Sala de 6 de octubre de 2015 en el caso Thierry Delvigne vs Francia, contemplando además la gravedad de los delitos a los que viene asociada la restricción.

Dicho de otro modo, aunque cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa, la facultad no desactiva la obligación judicial de velar porque el ejercicio del derecho por aquel a quien se atribuye una grave ctuación delictiva, no ponga en riesgo facultades de mayor relevancia y más necesitadas de protección.

La gravedad de los hechos que el auto de procesamiento describe, la utilización de las instituciones para su ejecución, la previsión de retomar la actuación que contiene el Libro Blanco y que los procesados mantienen conforme a las expresiones generales del largo tiempo que ha precedido a la investidura, determinan que sus derechos políticos no muestren una preminencia y mayor necesidad de tutela, que los derechos que esta resolución preserva

Vistos los precitados argumentos jurídicos.

PARTE DISPOSITIVA
EL INSTRUCTOR ACUERDA:
La PRISIÓN INCONDICIONAL de los procesados Carme Forcadell y
Lluís, Jordi Turull y Negre, Raül Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu y Dolors
Bassa i Coll.

Firme la presente resolución, procédase a la devolución a los fiadores
de las fianzas prestadas para garantizar la libertad de los procesados
antedichos.
Así por este auto, lo acuerdo, mando y firmo

 

A estos catetos les ha dicho el Tribunal lo que todo el mundo sabe, que tu tienes derecho a la libertad mientras que no mates, robes o quieras destruir a tu patria. (de forma breve). Que son unos soberbios que no han aprendido que lo que estaban haciendo es más delictivo que asesinar y que debemos tenerlos a buen recaudo tanto a ellos como a todos los que se han rebelado junto a ellos para que nuestra madre patria pueda respirar tranquila y los españoles nos podamos dedicar a trabajar, a amar,  a disfrutar y a vivir sin que estás moscas cojoneras nos estén fastidiando todos los días de nuestra vida porque ellos son ricos y borricos y quieren hacernos pasar por lo que ellos piensen y quieran. Ya decía el estudio de los sicópatas que les presenté ayer que estos están en los altos cargos de la política y parece que en el pudridero separatista se encuentran los mayores niveles de sicópatas tóxicos para el resto de los españoles. 

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