Filipinas se va del CPI (Corte Penal Internacional). ¿Cuándo se irá España tanto del CPI como del Tribunal de Estrasburgo?.

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Cuando “la Justicia” está rodeada de tanto lujo NO EXISTE LA JUSTICIA.

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Filipinas hace oficial la retirada de la Corte Penal Internacional. Partida de golfos que se dedican a atacar jurídicamente a quienes molestan políticamente a los sionistas.

 

El Gobierno de Filipinas presentó hoy en la oficina del Secretario General de la ONU el documento para solicitar la retirada del país de la Corte Penal Internacional (CPI), tal como anunció esta semana el presidente, Rodrigo Duterte.

El representante permanente de Filipinas ante la ONU, Teodoro Locsin, entregó la solicitud al jefe de gabinete de Antonio Guterres ya que éste “se encuentra en el extranjero”, explicó el primero en su cuenta oficial de Twitter, donde adjuntó una copia del documento.

 

¿CUANDO PEDIRÁ ESPAÑA LA SALIDA DE LA CPI?- `PUES NUNCA. ESTAMOS EN UNA NACIÓN SIN PRINCIPIOS, SIN REFLEJOS, Y DONDE LA ÚNICA FINALIDAD DE LOS POLÍTICOS ES ROBAR. PERO ¿DE VERDAD? CONSIDERAN USTEDES QUE SE DEBA PAGAR A OTRA CORTE LLENA DE ROJOS COMO PIOJOS CUANDO EN ESPAÑA TENEMOS EN EL ORDEN PENAL SIEMPRE RECURSO DE APELACIÓN Y TODAS LAS GARANTÍAS DEL MUNDO. LO ÚNICO QUE CONSEGUIREMOS ES QUE CRIMINALES, TERRORISTAS Y SEPARATISTAS POR SER DE IZQUIERDAS GANEN SUS RECURSOS EN ESTE GRUPO DE PRESIÓN MUY PARCIAL Y MUY POCO SERIO. YA ESTÁ BIEN DE QUE NUESTROS ASUNTOS LOS DECIDAN OTROS, SOMOS UNA NACIÓN SOBERANA Y NUESTRAS ÚLTIMAS SENTENCIAS LAS DEBEN DICTAR NUESTROS JUECES SIN POSIBILIDAD DE APELACIÓN A TRIBUNALES INTERNACIONALES QUE ODIAN A ESPAÑA. Y, ESO SÍ, DEBERÍA CREARSE UNA NORMA PENAL DURÍSIMA PARA SANCIONAR A AQUELLOS JUECES PREVARICADORES QUE SE PUDIERAN ENCONTRAR EN ESPAÑA.

Explosión en cadena

La CPI, fundada en 1998, vivió en noviembre de 2016 sus más difíciles jornadas en 18 años de existencia, al abandonarla Sudáfrica, Burundi y Gambia bajo acusaciones de discriminación y funcionamiento injusto, en lo que pudiera significar el principio de un desmoronamiento total.

Esa retirada, agravada con la de Rusia, implicó que en un sólo día abandonaron el organismo un miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), y un continente comenzara una suerte de explosión en cadena, basado en críticas como que esa instancia “ignora crímenes en otras partes del mundo ajenas al Continente Africano”.

Para Moscú, firmante en 2000 del Estatuto de Roma que dio origen a la CPI en julio de 1998, aunque nunca lo ratificó, su final como miembro el 16 de noviembre se basó en una orden revocatoria del presidente ruso, Vladímir Putin, quien acompañó su decisión con una simple declaración de su Cancillería:

“En 18 años de funcionamiento, la CPI dictó sólo 4 sentencias, gastó más de 1 000 millones de dólares”, y “no se convirtió en un órgano de justicia internacional independiente y de prestigio”, aseguró el gobierno ruso mediante dicho documento.

Pero para los Estados africanos que anunciaron su defección, e incluso otros que sólo la pronosticaron, esa Corte, registrada como primer organismo judicial permanente para perseguir y condenar crímenes contra el derecho internacional, está minada también por insuficiencias que develan desprecio y discriminación.

Tanto para Sudáfrica como Burundi y Gambia, firmantes del Estatuto de Roma, la CPI es parcial y colonial, ya que juzga sólo a personas africanas, opinión compartida por gobernantes de Namibia, Uganda, Chad, Nigeria, Botswana y Djibuti

Entre quienes cuestionan al organismo jurídico de La Haya figura el periodista sierraleonés Abu-Bakarr Jalloh, quien hace poco lanzó al espacio digital una pregunta que nadie por el momento ha contestado:

“¿Por qué al ex primer ministro británico Tony Blair no se le abrió un proceso en la CPI por la participación de su país en la guerra contra Irak?”, sobre lo cual recordó que, en julio de 2016, una comisión británica de investigadores esgrimió serias acusaciones en su contra.

“La invasión de Irak por tropas británicas y estadunidenses en 2003 fue justificada con base en afirmaciones falsas y empañó la autoridad de la ONU. Así lo sostiene el Informe Chilcot”, alegaba Jalloh para después esgrimir otra pregunta:

“¿Qué se hace al respecto en el tribunal de La Haya, 13 años después de concluir aquella guerra?”

Muchas interrogantes de ese tipo formularon estudiosos del tema durante estos 18 años de vida de esa instancia, pero merece un buen lugar la del historiador, analista y político estadunidense Juan Cole:

“¿Qué pasaría si la CPI procesara al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu?”, en alusión a los asesinatos y la expulsión colonial e ilegal de ciudadanos y líderes palestinos.

Cole recordó que el artículo 7 del Estatuto de Roma prohíbe crímenes contra la humanidad repetidos con sistematicidad, entre ellos asesinatos, torturas, persecución, racismo, deportación o transferencia forzosa, todas ellas aplicadas a “un grupo identificable” como el palestino, según exige ese texto.

Una simple lectura del Estatuto de Roma remite también a los citados culpables que se mueven por todo el mundo sin que los moleste ningún policía o autoridad jurídica enviados por la CIP:

Los crímenes que pueden ser objeto de conocimiento de la Corte, según Resolución 6 del 11 de junio de 2010 de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma son los siguientes:
-“genocidio (artículo 6);
- crímenes de lesa humanidad (7);
- crímenes de guerra (8);
- y crimen de agresión (8 bis)”

Pero, ¿quién decide juzgar a quién por esos delitos? Para sacar conclusiones remitámonos al artículo 13 de ese documento, según el cual

“la investigación de los hechos que fueran constitutivos de delitos puede iniciarse de tres formas:

  • Por remisión de un Estado Parte a la Corte de una situación particular,
  • por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (donde se aplica el veto invertido o voto negativo de los miembros permanentes)
  • y de oficio, por el Fiscal de la Corte.”

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