Santiago Abascal, presidente de Vox: “Los partidos golpistas deberían ser ilegalizados”

OLMO CALVO

P Defensa de la nación española, ¿hasta qué punto?
Con todas las consecuencias. Nosotros pensamos que la nación es la base del orden constitucional y de la democracia.
P Algunos intelectuales manifestaron su temor por que estallara una especie de guerra civil. ¿Valdría la pena llegar a una guerra?
En primer lugar, el conflicto ha sido violento por la sedición, por el uso de la violencia legítima del Estado arrebatada por los Mossos al propio Estado, por la presión en las calles… Eso, ¿dónde puede llegar? Depende de donde quieran los golpistas que llegue. Concibo el separatismo no como un problema democrático de quien tiene derecho a decidir, sino como un expolio del patrimonio de todos los españoles. No es posible que nos roben lo que es nuestro sin que nos defendamos. En este caso ha sido con el uso de la violencia legitima del Estado a través de la Policía. Si las cosas llegan a ponerse peor, esa reacción hubiera sido mayor. Por suerte, no ha hecho falta.
P Hay quien piensa que no vale la pena ni un muerto por los conceptos de nación o unidad.
Los muertos los han provocado normalmente los que quieren destruir la democracia española.
P No hablo de ETA. Hablo de gente que está representando a una base social amplia y no son terroristas. Es un problema totalmente distinto.
Estoy de acuerdo.
P Entonces?
Yo creo que vale la pena, sin duda, defender la unidad de España, defender a los catalanes atrapados por los separatistas y defender el territorio que corresponde al Estado. Yo creo que España ni se negocia ni se vende; ni se discute ni se dialoga. Ahora bien, eso no soluciona el problema de desafección que existe.
P Llegados a un punto de enfrentamiento violento sin retorno, la desafección ya no sería un problema.
Es que ese enfrentamiento violento nunca habría sido de Cataluña contra España, sino que habría sido una guerra civil dentro de una Cataluña dividida por la mitad. Yo he visto desesperación en las personas que se siguen manifestando, y que sienten una sensación de abandono por parte del Estado, que no les ha defendido para poder hablar su lengua o poder educar con ella a sus hijos, que comprobaban como su propia libertad ciudadana desaparecía. Ese es el enfrentamiento violento que se hubiera producido si el Estado no hubiera defendido a los no separatistas.
P De lo que ha salido en la investigación, ¿qué destacaría?
Lo que han dicho los jueces de que estamos ante una organización criminal en la que cada uno cumplía con una misión. Eso nos tiene que llevar a una reflexión y es que las responsabilidades no pueden ser sólo personales, sino de las organizaciones criminales que en estos momentos son la CUP, el PDeCat, ERC, ANC y Òmniun Cultural. ¿Estoy planteando la ilegalización de los partidos separatistas? Creo que en España ha de ponerse encima de la mesa esta posibilidad de la que yo soy partidario, al igual que ha ocurrido en Alemania, que lo tiene en su Constitución. También pienso que, en estos momentos, la cultura política española aceptaría eso con dificultad. Pero si no por independentistas, sí creo que, al menos, los partidos golpistas, convertidos en organizaciones criminales, tendrían que ser puestos fuera de la Ley.
P Los independentistas dicen que la acción jurídica que más les está perjudicando es la de Vox.
Eso es motivo de gran orgullo pero también de preocupación, porque nos gustaría que fuese el Estado con toda su fuerza lo que más les preocupase. No la denuncia de un partido minúsculo.
P Junqueras en prisión preventiva por una acción política, ¿no le parece desproporcionado?
Junqueras, Puigdemont y los consejeros de la Generalitat deben pasar su vida en prisión. Sé que nadie se queda en prisión durante tanto tiempo, pero las condenas de los hechos gravísimos que han cometido -sumarían unos 40 años- les llevarían a estar en prisión toda su vida.
P ¿Tan grave lo considera?
Todos hemos visto con normalidad la prisión preventiva en políticos corruptos, pero es que los delitos que se han cometido en Cataluña son los peores que puede cometer un representante público, y tienen el catálogo completo. No me alegro de que un oponente, o incluso un enemigo político, esté en prisión, pero no hay otra alternativa. El cumplimiento de la Ley es muy educativo y evita que haya otras personas que vuelvan a hacer lo que ellos han hecho.
P Entre la acción policial y la prisión preventiva, puede que haya mayoría absoluta independentista. ¿No debería ser otra la estrategia?
Sí. Rajoy nunca debió haber convocado unas elecciones en dos meses. Ha hecho lo mismo que hizo Puigdemont. Rajoy declara el 155 y lo suspende, lo convierte en un decreto de convocatoria de elecciones y se juega el futuro próximo de España a cara o cruz. Yo creo que eso es una irresponsabilidad.
P ¿No cree que unas elecciones contribuyen a desarmar los argumentos sobre la falta de democracia y dan la oportunidad a los votantes descontentos con lo ocurrido?
Sí, pero creo que son una imprudencia en un contexto en el que el Estado ha demostrado que es incapaz de garantizar el orden constitucional impidiendo la celebración de un referéndum fraudulento. Habría que haber dejado un tiempo mucho más dilatado. Y el artículo 155 democrático también es el duro. Tal como está redactado, hoy podría aplicarse en varias comunidades, por ejemplo, para garantizar el uso del español.
P Cómo explica que las encuestas den a Puigdemont como president y a Junqueras como el más valorado?
Porque es muy difícil invertir una tendencia de tres décadas. Ha habido impunidad para los políticos separatistas y se les ha dado la educación, el acceso a los medios de comunicación autonómicos… Eso dibuja una sociedad y sólo se restaurará en tres décadas.
P Eso es considerar menores de edad a los catalanes.
Soy libre de considerar menores de edad a la mitad de los catalanes y pensar que actúan de manera imprudente, condicionados por el miedo o por la necesidad de adaptarse.
P ¿Tiene una fórmula para resolver lo de la brecha social?
Hay que entregarse a una tarea de reconstrucción de los afectos que sólo se puede poner en práctica si el Estado recupera sus funciones. Hay que recuperar, a través de una política de Estado, no de partido, las competencias de Educación, Sanidad y Justicia que son las que definen una nación en el ámbito de la igualdad.

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