El Constitucional admite el recurso de los condenados por manifestarse contra el independentismo en Blanquerna

Más de cuatro años de prisión para catorce hombres y mujeres, por atreverse a señalar a los responsables de la crisis de Cataluña que, aquel 11 de septiembre, con motivo de la Diada, se congregaban en la librería Blanquerna celebrando un acto separatista en pleno centro de Madrid.
Ahora, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite los recursos de amparo de los 14 patriotas. El hecho induce a pensar que, efectivamente, tal y como venían denunciando, podían haber sido víctimas de irregularidades durante el procedimiento pues, el Constitucional, sólo admite a trámite el 1% de los recursos presentados.
De igual modo, el tribunal ha informado este viernes de que se cumple en este caso el requisito que exige la ley de que los recursos presentados justifican la “especial trascendencia constitucional” del asunto. Al mismo tiempo, la Sala Segunda acepta también estudiar la petición de los demandantes de que se suspenda la ejecución de la sentencia condenatoria, es decir, el ingreso efectivo en prisión para su cumplimiento. La Audiencia de Madrid había activado en septiembre los trámites para ese ingreso. Antes de resolver sobre este aspecto, los magistrados han pedido informe tanto a la Fiscalía como al resto de partes.
Las penas impuestas inicialmente por la Audiencia Provincial de Madrid a los manifestantes, no suponían el ingreso efectivo en prisión, ya que oscilaban entre seis y ocho meses de cárcel y multa. Sin embargo, el Tribunal Supremo estimó el recurso presentado por la Generalitat de Catalunya y aplicó a los hechos la agravante ideológico.
Luz Marrero. wwww.despiertainfo.com

La primera culpa la tuvieron ellos al no recurrir la Sentencia de la Audiencia ante el Supremo y en  segundo lugar la defensa de estos señores no brilla por su presencia precisamente. La sentencia está hecha con ensañamiento. Otro día la trataremos con mayor detalle, aunque se acompaña.

 

 

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
SENTENCIA Nº: 983/2016
Excmos. Sres.:
D. Julián Sánchez Melgar. Presidente
D. José Ramón Soriano Soriano
D. Luciano Varela Castro
D. Juan Saavedra Ruiz
D. Joaquín Giménez García
En nombre del Rey
La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por
los Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad
jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha
dictado la siguiente
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a once de Enero de dos mil diecisiete.
En los recursos de casación por quebrantamiento de forma e
infracción de ley, interpuestos por el MINISTERIO FISCAL y por la
acusación particular, ABOGADO DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA y D. JOSEP MARIA BOCH BESSA, contra sentencia
dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Treinta, que
condenó a los acusados Dª Paula Mijares Casado, D. Pedro Chaparro
Velacoracho, D. Sergio Reguillón Fumero, D. Juan Luis López García,
D. Alberto Aceves Gallego, D. Santiago Cabezuela García, D. Javier
Marcos Aroca, D. José Pedro Cruz Sanz, D. Jesús Fernando
Fernández Gil, D. Manuel Andrino Lobo, D. Iñigo Pérez de Herrasti
Urquijo, D. Miguel Venegas Girón, D. Victor Diego Villalba, D. Pablo
Pavón Cadierno y D. Tomás Bor, de delitos de desórdenes públicos,
daños, y faltas de lesiones y de maltrato de obra, los componentes de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han
constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los
indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. José Ramón Soriano Soriano,
siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dichos recurrentes
acusación particular representados por el procurador D. Francisco Miguel
Velasco Muñoz-Cuellar y los recurridos acusados Dª Paula Mijares Casado
y D. Pedro Chaparro Velacoracho, representados por la procuradora Dª Mª
del Carmen Iglesias Saavedra, D. Sergio Reguillón Fumero, D. Juan Luis
López García, D. Alberto Aceves Gallego, D. Santiago Cabezuela García,
D. Javier Marcos Aroca y D. José Pedro Cruz Sanz representados por la
procuradora Dª Begoña del Arco Herrero, D. Jesús Fernando Fernández Gil
y D. Manuel Andrino Lobo, representados por el Procurador D. Pablo José
Trujillo Castellanos, D. Iñigo Pérez de Herrasti Urquijo, D. Miguel
Venegas Girón, D. Victor Diego Villalba y D. Pablo Pavón Cadierno,
representados por la procuradora Dª María Isabel Salamanca Alvaro y D.
Tomás Bor, representado por el procurador D. Luis Eduardo Roncero
Contreras.
I. ANTECEDENTES
PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción nº 11 de Madrid incoó
Diliencias Previas con el nº 4277/2013 contra Dª Paula Mijares Casado, D.
Pedro Chaparro Velacoracho, D. Sergio Reguillón Fumero, D. Juan Luis
López García, D. Alberto Aceves Gallego, D. Santiago Cabezuela García,
D. Javier Marcos Aroca, D. José Pedro Cruz Sanz, D. Jesús Fernando
Fernández Gil y D. Manuel Andrino Lobo, D. Iñigo Pérez de Herrasti
Urquijo, D. Miguel Venegas Girón, D. Victor Diego Villalba, D. Pablo
Pavón Cadierno y D. Tomás Bor, y, una vez concluso, lo remitió a la
Audiencia Provincial de Madrid, Sección 30, que con fecha 19 de febrero
de 2016 dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS
PROBADOS: El miércoles 11 de septiembre de 2013, la Delegación del
Gobierno de la Generalitat de Catalunya ante el Gobierno del Estado
organizó un acto institucional conmemorativo de la Diada Nacional de
Catalunya, su festividad oficial, cuya celebración estaba prevista en el
Centro Cultural “Blanquerna” ubicado en la calle Alcalá n° 44 de Madrid,
propiedad de la Generalitat de Catalunya, que comenzaría sobre las 19:30
horas. A dicho acto se accedía, con carácter general y tras confirmación
de asistencia, mediante invitación oficial del Delegado del Gobierno,
Josep María Bosch i Bessa, remitida a diversas personas, entre ellas
autoridades de distintos ámbitos cuya identidad no se había hecho pública.
En la invitación oficial se indicaba que tras un discurso de bienvenida se
llevaría a cabo una actuación musical a cargo de Antoni García Araque,
solista de la Orquesta Nacional y Profesor Asistente de la Escuela
Superior de Música Reina Sofía, culminaría con la interpretación de “Els
Segadors” y después se ofrecería a los asistentes una copa de cava. A tal
efecto se habilitó la sala de actos ubicada en la planta baja del Centro
Cultural Blanquerna en la que dispusieron los organizadores como
mobiliario, al tratarse de una celebración de pie, un atril con un micrófono
y tras él y como única bandera la señera. La celebración del acto
conmemorativo de la Diada en “Blanquerna” se difundió por las redes
sociales y un grupo de personas afiliadas o simpatizantes de formaciones
políticas tales como Democracia Nacional, Falange, Nudo Patriota
Español y Alianza Nacional, a través de tales medios, convocó una
protesta contra lo que se calificaba como acto de exaltación del
movimiento independentista catalán, que entendían tendría lugar en dicho
centro cultural y en el curso de aquella convocatoria institucional, para lo
cual convinieron reunirse en la puerta del Centro en la calle Alcalá n° 44,
lo que fueron haciendo paulatinamente formándose en dicho acceso un
grupo indeterminado de personas, portando alguno de ellos banderas de
España o de aquellas formaciones políticas. Al indicado acto asistieron
como público unas 200 personas, entre ellas el acusado Alberto Aceves
Gallego (mayor, de edad y sin antecedentes penales). Pese a las
previsiones, el acto se retrasó y no dio inicio hasta las 19:45 horas. En ese
momento, cuando el Delegado de la Generalitat ante el gobierno nacional,
Josep María Bosch Bessa, se dirigía al atril para tomar la palabra y
presentar el acto, accedieron al interior del local un grupo de las personas
que a la puerta se habían ido congregando. Entre ellas los acusados Javier
Marcos Aroca (mayor de edad y sin antecedentes penales), Víctor Diego
Villalba (mayor de edad y sin antecedentes penales), Santiago Cabezuela
García (mayor de edad y sin antecedentes penales), Pedro Chaparro
Velacoracho (mayor de edad y sin antecedentes penales), Paula Mijares
Casado (mayor de edad y sin antecedentes penales), Íñigo Pérez de
Herrasti Urquijo (mayor de edad y sin antecedentes penales computables
en esta causa), José Pedro Cruz Sanz (mayor de edad y sin antecedentes
penales), Juan Luis López García (mayor de edad y sin antecedentes
penales computables en esta causa), Sergio Reguilón Fumero (mayor de
edad y sin antecedentes penales computables en esta causa), Manuel
Andrino Lobo (mayor de edad y sin antecedentes penales), Jesús Fernando
Fernández Gil (mayor de edad y ejecutoriamente condenado el 29 de
octubre de 2012 por delito de daños a la pena de 6 meses de multa), Tomás
Bor (mayor de edad y sin antecedentes penales), Miguel Venegas Girón
(mayor de edad y sin antecedentes penales) y Pablo PavónCadierno
(mayor de edad y sin antecedentes penales). Dichos acusados, con la
finalidad de protestar frente al acto e impedir su celebración, actuando de
forma conjunta y al unísono, accedieron en tropel a la planta a pie de calle
del citado inmueble, donde se encuentra la librería abierta al público,
rompiendo la puerta automática de cristal de entrada al local causando
daños tasados judicialmente en 1372,14 euros. Y desde ella descendió el
grupo, encabezado por Pedro Chaparro Velacoracho y Jesús Fernando
Fernández Gil, por las escaleras a la planta inferior, donde se iba a
desarrollar el acto, coreando todos la consigna “no nos engañan
Catalunya es España”. Jesús Fernando Fernández Gil llevaba gafas de sol
y un pañuelo negro que le cubría la mitad del rostro pese a lo cual sus
facciones eran visibles e identificables. Éste, en dirección al atril, fue
abriendo paso al grupo entre los asistentes, que se apartaban, empujando
en un instante a uno de ellos, que le impedía el acceso pretendido y que
resultó ser Josep Sánchez i Llibre, diputado en el Congreso de los
Diputados, también empujado y derribado al suelo acto seguido por Javier
Marcos Aroca. No consta que ni los mencionados acusados, ni las
restantes personas que accedieron al inmueble conocieran la identidad o
la condición de diputado del Sr. Sánchez i Llibre. Ya en el estrado, Jesús
Fernando Fernández Gil arrojó al suelo de un manotazo la señera. Por su
parte, Pedro Chaparro Velacoracho golpeó el micrófono situado sobre el
atril. Juan Luis López García arrojó al suelo el atril ante el que, impasible,
se mantenía el Delegado de la Generalitat ante el gobierno, Josep María
Bosch Bessa, cuya identidad y cargo desconocía, y encarándose a él le
dirigió insultos relativos a su condición de catalán y amenazas de muerte
obligándole a retroceder, intimidado por la proximidad corporal y sus
palabras, hacia la pared situada a su espalda. Paula Mijares Casado
escupió al asistente al acto Joan Oriol Fibla Castillo, al que también el
acusado Juan Luis López García propinó una bofetada y una patada en el
muslo izquierdo, sin que le causara lesión ni precisara asistencia médica,
acto este que fue contenido por Pedro Chaparro Velacoracho, retirándolo
de su alcance. Tras poco más de un minuto, el mentado grupo, que exhibía
banderas de España y de los partidos políticos aludidos, abandonó el local
coreando “catalanidad es Hispanidad” y “ser español es un orgullo”
arrojando uno de sus componentes, cuya identidad no ha podido
determinarse, un spray irritante que provocó picores, irritación, náuseas y
otros menoscabos físicos en los asistentes al acto lo que obligó a
suspender el mismo pues tuvieron que abandonar el local y ser alguno de
ellos asistido por los servicios médicos que acudieron al lugar. Cuando el
indicado grupo estaba ya saliendo de la sala, Pedro Chaparro
Velacoracho dio un manotazo a la cámara con la que grababa el acto
Christian Menéndez Cano, cámara de TV3, que al impactar contra su
cuerpo le obligó a efectuar un movimiento brusco que le produjo contusión
post-traumática en hombro derecho, de la que curó en 9 días con
impedimento tras una primera asistencia médica. Posteriormente Josep
María Bosch pronunció, en unos jardines próximos, unas palabras a los
asistentes que se mantenían en el lugar. Los acusados consignaron el 1 de
diciembre de 2014 la cantidad de 1.697 euros, a fin de hacer frente a la
reparación de los perjuicios causados. No aparece acreditado que las
personas que ejecutaron los hechos descritos conocieran la identidad de
Josep María Bosch Bessa, ni el cargo de delegado de la Generalidad de
Catalunya que ostentaba desde el mes de agosto de 2013. No consta que
Alberto Aceves Gallego, que asistía a la reunión, participara en la protesta
mencionada, ni que coreara las consignas citadas o se dirigiera a los
asistentes al acto con la finalidad descrita.
SEGUNDO.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente
pronunciamiento: FALLAMOS: Condenamos a: Paula Mijares Casado, en
quien concurre la atenuante de reparación del daño, a las siguientes
penas: – Por el delito de desórdenes públicos a la pena de seis meses de
prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. – Por el delito
de daños a la pena de seis meses multa con cuota diaria de 10 euros y
responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas de la multa no abonadas.
Abonará las 2/79 partes de las costas del juicio, incluidas las de las
acusaciones particulares. Pedro Chaparro Velacoracho, en quien
concurre la atenuante de reparación del daño, a las siguientes penas: –
Por el delito de desórdenes públicos a la pena de seis meses de prisión con
la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. – Por el delito de daños a
la pena de seis meses multa con cuota diaria de 10 euros y responsabilidad
personal subsidiaria en caso de impago de la multa de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas de la multa no abonadas. – Por la falta de
lesiones, a la pena de un mes multa con cuota diaria de 10 euros y
responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas de la multa no abonadas.
Indemnizará a Christian Menéndez Cano en 600 euros, por lesiones.
Abonará las 2/79 partes de las costas del juicio, incluidas las de las
acusaciones particulares. Sergio Regulón Fumero, en quien concurre la
atenuante de reparación del daño, a las siguientes penas: – Por el delito de
desórdenes públicos a la pena de seis meses de prisión con la accesoria de
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena. – Por el delito de daños a la pena de seis
meses multa con cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal
subsidiaria en caso de impago de la multa de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas de la multa no abonadas. Abonará las 2/79
partes de las costas del juicio, incluidas las de las acusaciones
particulares. Juan Luis López García, en quien concurre la atenuante de
reparación del daño, a las siguientes penas: – Por el delito de desórdenes
públicos, la pena de ocho meses de prisión con la accesoria de
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena. – Por el delito de daños a la pena de ocho
meses multa con cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal
subsidiaria en caso de impago de la multa de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas de la multa no abonadas. Abonará las 2/79
partes de las costas del juicio, incluidas las de las acusaciones
particulares. Javier Marcos Aroca, en quien concurre la atenuante de
reparación del daño, a las siguientes penas: – Por el delito de desórdenes
públicos a la pena de seis meses de prisión con la accesoria de
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena. – Por el delito de daños a la pena de seis
meses multa con cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal
subsidiaria en caso de impago de la multa de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas de la multa no abonadas. – Por la falta de
maltrato de obra, la pena de 10 días multa con cuota diaria de 10 euros y
responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas de la multa no abonadas.
Abonará las 2/79 partes de las costas del juicio, incluidas las de las
acusaciones particulares. José Pedro Cruz Sanz, en quien concurre la
atenuante de reparación del daño, a las siguientes penas: – Por el delito de
desórdenes públicos a la pena de seis meses de prisión con la accesoria de
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena. – Por el delito de daños a la pena de seis
meses multa con cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal
subsidiaria en caso de impago de la multa de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas de la multa no abonadas. Abonará las 2/79
partes de las costas del juicio, incluidas las de las acusaciones
particulares. Iñigo Pérez de Herrasti Urquijo, en quien concurre la
atenuante de reparación del daño, a las siguientes penas: – Por el delito de
desórdenes públicos a la pena de seis meses de prisión con la accesoria de
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena. – Por el delito de daños a la pena de seis
meses multa con cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal
subsidiaria en caso de impago de la multa de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas de la multa no abonadas. Abonará las 2/79
partes de las costas del juicio, incluidas las de las acusaciones
particulares. Víctor Diego Villalba, en quien concurre la atenuante de
reparación del daño, a las siguientes penas: – Por el delito de desórdenes
públicos a la pena de seis meses de prisión con la accesoria de
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena. – Por el delito de daños a la pena de seis
meses multa con cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal
subsidiaria en caso de impago de la multa de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas de la multa no abonadas. Abonará las 2/79
partes de las costas del juicio, incluidas las de las acusaciones
particulares. Miguel Venegas Girón, en quien concurre la atenuante de
reparación del daño, a las siguientes penas: – Por el delito de desórdenes
públicos a la pena de seis meses de prisión con la accesoria de
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena. – Por el delito de daños a la pena de seis
meses multa con cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal
subsidiaria en caso de impago de la multa de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas de la multa no abonadas. Abonará las 2/79
partes de las costas del juicio, incluidas las de las acusaciones
particulares. Pablo Pavón Cadierno, en quien concurre la atenuante de
reparación del daño, a las siguientes penas: – Por el delito de desórdenes
públicos a la pena de seis meses de prisión con la accesoria de
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena. – Por el delito de daños a la pena de seis
meses multa con cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal
subsidiaria en caso de impago de la multa de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas de la multa no abonadas. Abonará las 2/79
partes de las costas del juicio, incluidas las de las acusaciones
particulares. Santiago Cabezuela García, en quien concurre la atenuante
de reparación del daño, a las siguientes penas: – Por el delito de
desórdenes públicos a la pena de seis meses de prisión con la accesoria de
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena. – Por el delito de daños a la pena de seis
meses multa con cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal
subsidiaria en caso de impago de la multa de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas de la multa no abonadas. Abonará las 2/79
partes de las costas del juicio, incluidas las de las acusaciones
particulares. Jesús Fernando Fernández Gil, en quien concurre la
atenuante de reparación del daño y la agravante de reincidencia solo en el
delito de daños, a las siguientes penas: – Por el delito de desórdenes
públicos a la pena de siete meses de prisión con la accesoria de
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena. – Por el delito de daños a la pena de
dieciséis meses multa con cuota diaria de 10 euros y responsabilidad
personal subsidiaria en caso de impago de la multa de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas de la multa no abonadas. Por la falta de
maltrato de obra, la pena de 10 días multa con cuota diaria de 10 euros y
responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas de la multa no abonadas.
– Por la falta de maltrato de obra, la pena de 10 días multa con cuota
diaria de 10 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de
impago de la multa de un día de privación de libertad por cada dos cuotas
de la multa no abonadas. Abonará las 2/79 partes de las costas del juicio,
incluidas las de las acusaciones particulares. Manuel Andrino Lobo, en
quien concurre la atenuante de reparación del daño, a las siguientes
penas: – Por el delito de desórdenes públicos a la pena de seis meses de
prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. – Por el delito
de daños a la pena de seis meses multa con cuota diaria de 10 euros y
responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas de la multa no abonadas.
Abonará las 2/79 partes de las costas del juicio, incluidas las de las
acusaciones particulares. Tomás Bor, en quien concurre la atenuante de
reparación del daño, a las siguientes penas: – Por el delito de desórdenes
públicos a la pena de seis meses de prisión con la accesoria de
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena. – Por el delito de daños a la pena de seis
meses multa con cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal
subsidiaria en caso de impago de la multa de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas de la multa no abonadas. Abonará las 2/79
partes de las costas del juicio, incluidas las de las acusaciones
particulares. Todos los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente
a la Generalidad de Catalunya en 1372,14 euros y a Josep María Bosch
Bessa en la cantidad de 94,2 euros. Absolvemos a Paula Mijares Casado,
Pedro Chaparro, Sergio Regulón Fumero, Juan Luis López García, Javier
Marcos Aroca, José Pedro Cruz Sanz, Iñigo Pérez de Herrasti Urquijo,
Víctor Diego Villalba, Miguel Venegas Girón, Pablo Pavón Cadierno,
Santiago Cabezuela García, Jesús Fernando Fernández Gil, Manuel
Andrino Lobo y Tomás Bor, de los delitos de ultraje a la bandera de la
comunidad autónoma, impedimento del legítimo ejercicio de la libertad de
reunión, de un delito de atentado y de tres delitos leves de lesiones.
Absolvemos a Javier Marcos Aroca y Jesús Fernando Fernández Gil de
otro delito de atentado. Absolvemos a Jesús Fernando Fernández Gil del
delito de coacciones que se le imputa. Absolvemos a Pedro Chaparro
Velacoracho del delito de coacciones que se le imputa. Declaramos de
oficio las 51/79 partes de las costas del juicio. Deberá serles de abono el
tiempo que han estado privados de libertad por esta causa salvo que les
hubiera sido computada en otra. Esta sentencia es recurrible en casación
ante el Tribunal Supremo, recurso que habría de prepararse mediante
escrito a presentar en la Secretaría de esta Sala en el término de cinco
días.
TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, se prepararon
recursos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley, por
el Ministerio Fiscal y por el Abogado de la Generalidad de Catalunya y
de D. Josep María Boch Bessa, que se tuvieron por anunciados,
remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones
necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el
correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
CUARTO.- I.- El recurso interpuesto por el MINISTERIO
FISCAL, lo basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN: Primero.-
Por infracción de ley del art. 849.1 L.E.Cr., por indebida inaplicación del
art. 22.4 C. Penal (agravante de cometer el delito por motivos ideológicos),
con la consiguiente aplicación indebida del art. 66.1º C. Penal e
inaplicación del art. 66.3º del mismo cuerpo legal.
II.- El recurso interpuesto por el ABOGADO DE LA
GENERALIDAD DE CATALUNYA y D. JOSEP MARÍA BOSCH
BESSA, lo basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN: Primero.-
Error en la apreciación de la prueba, al amparo del art. 849.2 L.E.Cr.
Infracción de precepto penal de carácter sustantivo, al amparo del art.
849.1º de la L.E.Cr., por inaplicación del art. 550 C. Penal en su redacción
actualmente vigente, o 550 y 551 en su redacción vigente al momento de
los hechos. Infracción de los arts. 9, 24 y 117.1 C. E., al amparo del art.
852 L.E.Cr.; Segundo.- Infracción de precepto penal de carácter sustantivo,
al amparo del art. 849.1º L.E.Cr., por inaplicación del art. 557 bis. 3ª en la
redacción actualmente vigente; infracción de los arts. 9, 24 y 117.1 C.E., al
amparo del art. 852 L.E.Cr.; Tercero.- Infracción de precepto penal de
carácter sustantivo, al amparo del art. 849.1º L.E.Cr., por inaplicación del
art. 263.2.4º; infracción de los arts. 9, 24 y 117.1 C.E., al amparo del art.
852 L.E.Cr.; quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.3º L.E.Cr.,
por incongruencia omisiva al no resolver la sentencia impugnada sobre la
pretensión de esta parte en relación a la aplicación del art. 263.2.4º C.
Penal; Cuarto.- Infracción de precepto penal de carácter sustantivo, al
amparo del art. 849.1 L.E.Cr., por inaplicación del art. 514.4 C.P.;
infracción de los arts. 9, 24 y 117.1 C.E., al amparo del art. 852 L.E.Cr.;
Quinto.- Error en la apreciación de la prueba, al amparo del art. 849.2
L.E.Cr. Infracción de precepto penal de carácter sustantivo, al amparo del
art. 849.1 L.E.Cr., por inaplicación del art. 543 C. Penal. Infracción de los
arts. 9, 24 y 117.1 C.E. al amparo del art. 852 L.E.Cr.; Sexto.- Infracción
de precepto penal de carácter sustantivo, al amparo del art. 849.1 L.E.Cr.,
por inaplicación del art. 147 C.P., en su redacción actualmente vigente, y
de la disposición transitoria primera de la L.O. 10/1995, de 23 de
noviembre; infracción de los arts. 9, 24 y 117.1 C.E., al amparo del art. 852
L.E.Cr.; Séptimo.- Infracción de precepto penal de carácter sustantivo, al
amparo del art. 849.1 L.E.Cr., por inaplicación del art. 22.2ª C.P;
infracción de los arts. 9, 24 y 117.1 C.E., al amparo del art. 852 L.E.Cr.;
Octavo.- Infracción de precepto penal de carácter sustantivo, al amparo del
art. 849.1 L.E.Cr., por inaplicación del art. 22.4ª C.P.; infracción de los
arts. 9, 24 y 117.1 C.E., al amparo del art. 852 L.E.Cr.; Noveno.-
Infracción de precepto penal de carácter sustantivo, al amparo del art.
849.1 L.E.Cr., por indebida aplicación del art. 21.5ª C.P.; infracción de los
arts. 9, 24 y 117.1 C.E., al amparo del art. 852 L.E.Cr.; Décimo.- Solo para
el caso de desestimación del motivo primero. Infracción de precepto penal
de carácter sustantivo, al amparo del art. 849.1 L.E.Cr., por indebida
inaplicación de los arts. 169, 171.7, 172.1 ó 172.3 C.P. en su redacción
actualmente vigente; Undécimo.- Error en la apreciación de la prueba, al
amparo del art. 849. L.E.Cr.; infracción de precepto penal de carácter
sustantivo al amparo del art. 849.1 L.E.Cr., por indebida inaplicación de
los arts. 28 y 147 C.P. en su redacción actualmente vigente; infracción de
los arts. 9, 24 y 117.1 C.E., al amparo del art. 852 L.E.Cr.
QUINTO.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto
por la Generalidad de Catalunya y de D. Josep María Bosch Bessa,
desestimó los motivos primero, segundo, quinto, sexto, séptimo, décimo y
undécimo, solicitando la estimación de los motivos tercero, cuarto, octavo
y noveno; dándose por instruido igualmente el Abogado de la Generalidad
del recurso interpuesto por el Mº Fiscal, adhiriéndose al mismo; y la
representación de las partes recurridas se dieron también por instruidas e
impugnaron los motivos de ambos recursos, quedando conclusos los autos
para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.
SEXTO.- Por Providencia de esta Sala se señala el presente
recurso para deliberación y fallo para el día 16 de noviembre de 2016,
prolongándose los mismos hasta el día de la fecha.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

RECURSO DEL FISCAL
PRIMERO.- Dos motivos articula el Fiscal contra la presente
sentencia, ambos por infracción de ley (artículo 849.1L.E.Cr.).
El primero de ellos por indebida inaplicación del artículo 22.4
C.P. (agravante de cometer el delito por motivos ideológicos).
1. La estimación de tal agravatoria fue interesada por el
Ministerio Fiscal y todas las acusaciones y la sentencia la rechaza
aduciendo dos fundamentales argumentos:
a) Que en los relatos fácticos de Ministerio Fiscal y las
acusaciones no se describe este móvil como impulsor de los hechos
delictivos, ya que para que se estime la agravación no es suficiente que los
acusados pertenezcan a distintos grupos políticos.
b) Que para la aplicación se precisa que la discriminación se
produzca en la víctima y su condición y en la intencionalidad del autor.
2. Frente al primer obstáculo jurídico para apreciar la agravación
el Fiscal demuestra que su escrito acusatorio incluía la agravación en los
siguientes términos: el grupo de los sujetos agentes “accedieron al interior
del local… con la finalidad de protestar frente al mismo e impedir su
celebración y actuando por motivos claramente ideológicos…”
Los acusados, pertenecientes o simpatizantes de grupos y
partidos políticos de extrema derecha, se concentraron para impedir la
celebración del acto movidos exclusivamente por razones ideológicas al
tener posiciones antagónicas con el “movimiento independentista catalán”
y así se declara en los hechos probados de la resolución al afirmar que “un
grupo de personas afiliadas o simpatizantes de formaciones políticas tales
como Democracia Nacional, Falange, Nudo Patriota Español y Alianza
Nacional, a través de tales medios, convocó una protesta contra lo que se
calificaba como “acto de exaltación del movimiento independentista
catalán”.
3. El segundo obstáculo para no estimar la agravante solicitada
lo constituye la referencia al sujeto activo y no al pasivo, ya que la
circunstancia discriminatoria debe referirse a la víctima; lo que exige a su
vez la prueba de la condición de la misma y la intencionalidad del autor,
conforme establece la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
(STS 1145/2006 de 23 de noviembre). En definitiva no operará tal
agravatoria cuando la cualidad personal objeto del móvil discriminatorio
no concurre en el sujeto pasivo del delito (véase sentencia 1341/2002 de 17
julio; 302/2015 de 19 mayo; 314/2015 de 4 de mayo, etcétera).
4. El Fiscal insiste en que tal requisito concurría y se
mencionaba en los hechos probados, ya que según el factum, se trataba de
acto organizado por la Delegación del Gobierno de la Generalitat de
Catalunya ante el Gobierno del Estado, que dicho acto se celebraba, en el
Centro Cultural “Blanquerna”, edificio propiedad de la Generalitat, que al
acto se acudía por invitación oficial del Delegado de la Generalitat, que el
acto tenía por fin la celebración de la Diada, y que su contenido sería tras
unas palabras de bienvenida, un concierto que culminaría cantando “Els
segadors”, por lo que es obvio que concurrían todos los requisitos, para la
apreciación de la agravante postulada.
5.- El Fiscal sigue diciendo que el objeto de la convocatoria a
través de la redes sociales, la protesta no contra el acto institucional de
celebración de la Diada convocado por la Generalitat de Catalunya sino
contra lo que se consideraba, en términos recogidos en los hechos probados
“un acto de exaltación del movimiento independentista catalán”,
siendo las consignas coreadas por los acusados mientras cometían los
hechos punibles, “no nos engañan Catalunya es España”, “catalanidad
es Hispanidad” y “ser español es un orgullo”, mientras exhibían
banderas de España y de los partidos políticos intervinientes, dirigiendo
insultos alguno de los acusados a las víctimas del delito referidas a su
condición de catalanes y por el hecho de ser catalanes, realizando actos de
violencia psíquica contra los asistentes al acto, así como de violencia
material, como se recoge en los hechos probados, sin otra justificación que
el hecho de considerar que los allí reunidos estaban realizando una acto de
exaltación del independentismo catalán, utilizando “procedimientos al
margen de las reglas democráticas de convivencia mediante actos que
implican alguna clase de violencia sobre cosas y sobre personas,
suprimiendo la libertad de ejercicio de otros derechos por parte de terceros
(Fj 2° de la sentencia), lo que evidencia que no existe otra motivación sino
la ideológica, al sostener los acusados posturas antagónicas, como se ha
dicho, con el “catalanismo o movimiento independentista catalán”
reconociendo los acusados su pertenencia a tales partidos o grupos
políticos e ideología ultra derecha, y muestra de esa motivación ideológica
es que en los hechos probados se recoge expresamente que los insultos
referidos fueron vertidos por la condición de catalán de la víctima, por lo
que indudablemente debe inferirse el móvil ideológico como factor guía de
la conducta de los acusados.
6. A la vista de los contundentes argumentos del Fiscal,
secundados por las acusaciones (Generalitat de Catalunya y Josep María
Boch Bessa), que sostienen la misma tesis en su recurso (fundamento
jurídico 8º), y habida cuenta de que en el factum podemos hallar la
descripción de los elementos constitutivos de la circunstancia agravante, se
impone la aplicación de tal agravación que deberá alcanzar a los delitos
que resulten cometidos, dado el propósito común de los asaltantes,
intolerantes con un acto de celebración del día de Catalunya,
conmemoración existente en todas las comunidades autónomas españolas.
La revocación de la sentencia en este extremo determinará una nueva
individualización de las penas.
SEGUNDO.- En el segundo motivo el Ministerio Público, con
sede procesal en el artículo 849. 1º L.E.Cr., estima indebidamente aplicado
el artículo 21. 5 (atenuante de reparación del daño) en el delito de
desórdenes públicos con la consiguiente inaplicación del artículo 66. 3 del
C.P.
1. Alega el Fiscal que la atenuante de reparación del daño no
debió extenderse al delito de desórdenes públicos, sino al de daños, ya que
la consignación dineraria en el Juzgado tenía por objeto la indemnización
de éstos.
Considera que el mero hecho de la consignación de una cantidad
para cubrir el importe de los daños causados, en nada afecta al delito de
desórdenes públicos, cuyo bien jurídico protegido es el orden público, es
decir, el orden ciudadano y social y que “per se” no lleva consigo una
reparación patrimonial, como por otra parte reconoce la sentencia al no
haberse establecido por la comisión del mismo indemnización alguna.
2.- Dados los argumentos aducidos por el Ministerio Fiscal y por
las acusaciones particulares recurrentes que se suman a este reproche
casacional, se puede concluir que en delitos tales como el de desórdenes
públicos, la posición de perjudicado sólo podría venir ocupada, en su caso,
por toda la sociedad en su conjunto, que ha visto cómo se alteraba
injustificadamente la paz social y el orden público, impidiendo la
celebración de un acto oficial. Pero en favor de la sociedad en general no
se ha solicitado en ningún momento restitución económica alguna por tales
agravios, pues éstos no son susceptibles de ser monetariamente
indemnizados.
De ahí que la sola consignación de una cantidad de dinero podrá
considerarse reparación en el sentido del artículo 21. 5 del Código Penal
respecto a ilícitos, como los daños y las lesiones, con perjudicados
concretos y determinados, que verán así minoradas, al menos
crematísticamente, las consecuencias de tales actos antijurídicos, pero no
respecto a aquéllos otros ilícitos en los que no puede individualizarse en un
sujeto concreto el perjuicio causado, casos estos últimos en que la
apreciación de la atenuante exigirá forzosamente otro tipo de reparación
distinta.
En atención a los argumentos referidos resulta que ni en los
hechos probados ni en los fundamentos jurídicos -como apunta el fiscalexiste
dato alguno que permita su extensión atenuatoria al delito de
desórdenes públicos y por ende debe suprimirse de tal delito la
circunstancia atenuante, ya que el mero hecho de una consignación de una
cantidad para cubrir de forma genérica el importe de los daños causados,
en nada afecta al delito de desórdenes públicos, cuyo bien jurídico
protegido es el orden público, es decir, un bien que no posee carácter
privado, sino un carácter público y social y que “per se”, no lleva consigo
una reparación patrimonial. La sentencia por su parte no ha establecido
asignación dineraria alguna por la comisión y efectos del concreto delito de
desórdenes públicos.
El motivo, por todo ello, deberá estimarse.
RECURSO DE LA GENERALITAT DE Catalunya Y DE JOSEPH
MARÍA BOSCH BESSA
TERCERO.- En el motivo primero los recurrentes realizan una
doble referencia a la sentencia que impugnan:
a) Por un lado aducen error de hecho en la apreciación de la
prueba (art. 849. 2 L.E.Cr.)
b) Por otro lado denuncian la infracción de precepto penal
sustantivo (art. 839. 1º L.E.Cr.) por inaplicación del artículo 550 del
Código Penal en su redacción actual, o bien el 550 y 551, en la redacción
vigente en el momento de la comisión del hecho.
La tesis impugnativa se resume en lo siguiente: “cualquier
persona situada en el lugar y momento de los hechos, dadas todas las
circunstancias concurrentes y pese a que no conociera la identidad y
cargo ostentado por el orador, habría concluido que el mismo se
encontraba ejerciendo funciones públicas y sería además consciente de la
elevada posibilidad de que dicho orador ostentara la condición de
autoridad.
1. Respecto al primer submotivo (error facti) invoca como
documento las grabaciones de los hechos efectuados por el cámara de TV3
y por las cámaras de seguridad del Centro Cultural Blanquera. En el Centro
donde se iba a celebrar el acto los organizadores colocaron un atril y un
micrófono y tras él y como única bandera “la senyera”. También se dispuso
un estrado y peanas con cordones para separar dicho estrado de la zona
habilitada para público.
Pues bien, a esas afirmaciones factuales del relato probatorio los
recurrentes quieren añadir: “También se dispuso un estrado y peanas con
cordones para separar dicho estrado de la zona habilitada para el público
asistente”.
2. Respecto al segundo submotivo los recurrentes pretenden dar
otra interpretación a los hechos probados, alterando lo explicitado en el
factum, en particular con las siguientes afirmaciones:
a) “Juan Luis López García arrojó al suelo el atril junto al que,
impasible se mantenía el delegado de la Generalitat ante el gobierno Josep
María Bosch, cuya identidad y cargo desconocía, y encarándose a él le
dirigió insultos relativos a su condición de catalán y amenazas de muerte
obligándole a retroceder, intimidado por la proximidad corporal y sus
palabras, hacia la pared situada a su espalda.
b) No aparece acreditado que las personas que ejecutaron los
hechos descritos conocieran la identidad de Josep María Bosch, y el cargo
de Delegado de la Generalitat de Catalunya que ostentaba desde el mes de
agosto de 2013.
La sentencia por su parte desechó la comisión del delito de
atentado en ausencia del elemento subjetivo del injusto, cual es, conocer el
carácter de autoridad del sujeto pasivo y su voluntad de atacar o
menospreciar el principio de autoridad.
Por su parte la sentencia sostiene que el Sr. Bosch, Delegado del
gobierno, de la Generalitat de Catalunya “había sido nombrado para el
cargo que ostentaba el 4 o 5 de agosto del año 2013 y los hechos tuvieron
lugar, es de sobra conocido, el 11 septiembre 2013; así pues, pocos días
después de su nombramiento, y aquel acto iba a ser su presentación oficial;
dijo en el acto del juicio que “yo no era conocido para el público porque
me nombraron en agosto”. Para la asistencia al acto el señor Bosch Bessa
había remitido invitación oficial -por correo electrónico en la mayoría de
los casos y ordinario como excepción- a ministros, diputados, senadores,
magistrados del Tribunal Supremo y del Constitucional, del mundo
empresarial, etc. Pero a la misma no se incorporaba programa alguno por lo
que para todos resultaba ignorado si el acto iba a ser o no presentado, por
quién o por quienes, qué personas o personalidades intervendrían y en qué
orden. En suma, es completamente imposible inferir que alguno de los
componentes del grupo… tuviera conocimiento de que quien estaba de pie
ante el atril y que ni siquiera ha tenido tiempo de tomar la palabra era
precisamente Josep María Bosch Bessa, Delegado del gobierno, de la
Generalitat de Catalunya.
Además, como precisa la sentencia (fundamento jurídico 3º,
página 30) el Delegado del gobierno “no llevaba ningún distintivo ni
ocupaba lugar asignado al efecto”. El propio Sr Bosch manifestó “que ni se
publicó lista de asistentes ni su condición”.
Frente a ello el recurso interpuesto nos dice:
a) Que en ausencia de conocimiento directo la condición de
funcionario o autoridad cabe deducirla por vías indirectas.
b) Respecto a la condición de funcionario público bastaría la
participación en la función pública, como proclama el artículo 24 C.E.
c) Presidir y actuar como orador en un acto institucional de
celebración del día oficial de Catalunya supone participar en el ejercicio de
las funciones públicas
d) Los acusados podría fácilmente conocer, a través de Internet o
por cualquier otro medio, el carácter oficial del acto y del local y que el
orador se encontraba participando en el ejercicio de funciones públicas; y
cualquier persona se podía representar la elevada posibilidad de que se
tratara de una autoridad
e) El acusado Juan Luis López se encaró al acusador y le dirigió
“insultos relativos a su condición de catalán y amenazas de muerte,
obligándole a retroceder”, lo que resulta claramente indicativo del ánimo
del acusado de ofender o menoscabar el principio de autoridad… cuya
representación intuía el Sr. López que encarnaba en aquel acto el Sr.
Bosch.
3. Ninguno de los dos submotivos puede prosperar. La alteración
factual propugnada por la vía del “error facti” (art. 849.2 L.E.Cr.), aunque
sea correcta la invocación como documento literosuficiente, el mismo y de
sus imágenes lo único que trasmite son los datos o requisitos objetivos del
delito, pero no el dolo o elemento subjetivo del mismo, por lo que no
resulta eficaz para provocar la alteración del factum, lo que hace que no
pueda ser admitido.
Respecto a la infracción de ley por no aplicación del artículo
550 y 551 del código vigente a la fecha de los hechos y el 550 actual
después de la reforma operada por L.O 1/2015 de 30 marzo, el Ministerio
Fiscal aduce con pleno acierto dos argumentos decisivos que dan al traste
con el motivo.
El primero de ellos es el condicionamiento que impone la
naturaleza del motivo, articulado por corriente infracción de ley, que
obliga a respetar en todo su contenido, orden y significación el relato de
hechos probados y en ellos se dice claramente o de modo apodíctico que el
acusado desconocía la “identidad y cargo del sujeto pasivo”.
La segunda condición está integrada por la ausencia de
inmediación de este Tribunal casacional que impide realizar nueva
valoración de los hechos para condenar a una persona sin haber sido oída.
Ello implicaría vulneración del derecho fundamental del acusado a un
juicio con todas las garantías y que el Tribunal de Derechos Humanos
europeos con sede en Estrasburgo ha proclamado insistentemente y nuestro
Tribunal Constitucional nos lo recuerda con reiteración en abundantes
sentencias, tales como, 167/2002, 170/2002; 197/2002; 198/2002;
230/2002; 41/2003; 68/2003; 118/2003; 189/2003; 50/2004; 75/2004;
192/2004; 200/2004; 14/2005; 43/2005; 78/2005; 105/2005; 181/2005;
199/2005; 202/2005; 203/2005; 229/2005; 90/2006; 309/2006; 360/2006;
15/2007; 64/2008; 115/2008; 177/2008; 3/2009; 21/2009; 118/2009;
120/2009, 184/2009; 2/2010; 127/2010; 45/2011 y 142/2011. A todas ellas
deben añadirse como más recientes las de, SS.T.S 450/2011, de 18 de
mayo; 1217/2011, de 11 de noviembre; 1223/2011, de 18 de noviembre;
1385/2011, de 22 de diciembre; 209/2012, de 23 de marzo y 236/2012, de
22 de marzo, etc.etc.
Los oportunos argumentos del Fiscal que esta Sala asume en su
integridad son plenamente aplicables al caso concernido. En efecto la
Audiencia Provincial ha razonado y justificado con suficiente base
probatoria, que ni de forma directa ni indirecta el acusado conocía la
condición o el carácter del ofendido. Éste se dirigía al atril y allí se
mantuvo, sin comenzar a pronunciar palabra. Podía haber sido uno de los
organizadores del acto o encargado del funcionamiento de los micrófonos o
el moderador o presentador del evento, porque ningún distintivo le
acreditaba su condición de Delegado del Gobierno catalán para la que
hacía poco había sido nombrado. Por todo ello y ante la imposibilidad de
condenar sin oír directa y personalmente al acusado (no existe trámite
previsto para que ello se produzca) procede mantener la absolución por tal
delito.
El motivo no puede prosperar.
CUARTO.- En el motivo segundo, con sede procesal en el
artículo 849. 1 L.E.Cr. los recurrentes pretenden la aplicación del artículo
557 bis 3º en la redacción actualmente vigente, en tanto prevé una
modificación específica del delito de desórdenes públicos.
1. Recuerdan los recurrentes que el acto celebrado tuvo lugar en
la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, sita en el
Centro Cultural Blanquerna, calle Alcalá número 4 de Madrid, y a “dicho
acto asistieron unas 200 personas”.
La Audiencia Provincial por su parte excluyó tal pretensión en el
fundamento jurídico 2º, en los siguientes términos: “…debemos excluir la
subsunción de los hechos en los artículos 557 bis 3ª del Código Penal y en
delito del artículo 557 ter del Código Penal vigente en la actualidad tras la
entrada en vigor el 1 de junio de 2015 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30
marzo, como interesa la defensa de la Generalitat de Catalunya y de Josep
María Bosch Bessa, porque estos preceptos han sido introducidos “ex
novo” por la Ley Orgánica y no tienen efecto retroactivo, conforme
dispone el artículo 2. 1 del Código Penal: “no será castigado ningún delito
con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración”
Sin embargo los recurrentes manifiestan que en sus conclusiones
provisionales (no elevadas a definitivas) acusaron por los artículos 557. 1 y
557. 2 de C.P. Alegan que el precepto en su anterior redacción 557. 2 del
Código Penal, imponía la pena superior en grado, señalando (con error)
que abarcaría una horquilla de 3 a 6 años, de prisión, mientras que el actual
artículo 557 bis 3º, impone pena menor (de 1 a 6 años), lo que hace que
resulte aplicable por ser más favorable al reo (artículo 2. 2 del C.P.).
Consideran que la antigua y la nueva redacción del subtipo
agravado no difiere en nada fundamental. En la redacción antigua se
hablaba de “eventos o espectáculos que congreguen a gran número de
personas” y en la redacción actual refiere que los actos perturbadores del
orden público se lleven a cabo “en una manifestación o reunión
numerosa o con ocasión de ella”.
Los recurrentes concluyen que de ser aplicables los dos
preceptos debe imponerse ley penal del vigente después de la reforma L.O.
1/2015 de 30 de marzo, en tanto resulta más favorable.
2. También en relación a este motivo deben tenerse presente las
certeras consideraciones realizadas por el Fiscal oponiéndose a la
estimación del motivo. Debe rechazarse en primer término que las penas
previstas en los dos bloques normativos obligan a imponer la pena del
precepto vigente por ser más beneficioso, pues en el precedente la pena
prevista, la inmediatamente superior a la de 6 meses a 3 años que señala el
tipo básico, oscila entre los 3 años y los 4 años y 6 meses. La sanción
prevista en el actual discurre entre 1 año y 6 años, esto es, en una tiene un
límite inferior más favorable, pero es más grave el superior y en la otra
ocurre lo contrario, tiene un límite inferior más alto (3 años), pero el
superior es más favorable (4 años y 6 meses).
Pero prescindiendo de este dato la propuesta de aplicación de la
legalidad nueva la fundamentan los recurrentes en que el ámbito de
aplicación es más reducido en el vigente artículo 570 bis 3º del Código
Penal.
No puede, como apunta el Fiscal, imponerse una interpretación
que otorgue el artículo 570.2 del Código Penal del Código antes de la
reforma, un carácter extensivo, que no tiene y además en perjuicio del reo.
En efecto al sustituir la frase “gran número de personas” por “una
manifestación o reunión numerosa”, se ha dado mayor amplitud al alcance
del tipo.
Consecuentemente para aplicar la norma con el alcance anterior,
era necesario que tales actos se produjeran “con ocasión de la celebración
de eventos o espectáculos, que congregaran a un gran número de
personas”, mientras que en la actualidad bastaría que los hechos se lleven a
cabo en “una reunión numerosa o con ocasión de ella”.
De ahí se puede concluir que la nueva redacción del precepto si
permitiría su aplicación al caso de autos, ya que la celebración del acto en
el local Blanquerna, tendría el carácter de “reunión numerosa”, pero el
precepto no existía en el momento de comisión de los hechos.
Restaría dilucidar si nuestro caso resultaría subsumible en el
antiguo 572.2, que requería que se realizarán en eventos o espectáculos
empleando ambos términos como sinónimos como demuestra el propio
legislador cuando en el segundo apartado del precepto, nos dice: “con
idéntica pena serán castigados quienes en el interior de los recintos donde
se celebren estos eventos…” Con lo cual, se puede entender, que el
concepto evento empleado por el legislador, lo hace como sinónimo de
espectáculo, y espectáculo según la Real academia es, “función o diversión
pública celebrada en un teatro, en un circo o en cualquier otro edificio o
lugar en que se congrega la gente para presenciarla”, refiriéndose pues,
única y exclusivamente a espectáculos públicos, a todos aquellos que
libremente, si bien, bajo el pago o no de la correspondiente entrada, puede
acceder cualquier persona y no cabe duda que la “mens legislatoris”,
estaba dirigida a tipificar aquellos actos perturbadores de la paz pública
que se estaban produciendo en los espectáculos deportivos. A ello se
podrían añadir los conciertos, recitales musicales y otras celebraciones
desarrolladas en campos de fútbol o de baloncesto, plazas de toros, y otros
recintos o explanadas capaces de albergar multitud de personas.
No parece ser otra la razón de la introducción de tal precepto, por
la reforma del año 2003 -nos dice el Fiscal-; pues al haberse producido
alteraciones de orden público en diversos espectáculos deportivos, y
concretamente en los campos de fútbol, siguiendo las Directivas Europeas
y normas reguladoras de las actividades deportivas, consideró conveniente,
la tipificación como agravante de tal conducta. A tal interpretación, pareció
abonarse este Alto Tribunal, (si bien “obiter dicta”) cuando declaró, “la LO
15/2003 ha reformado este artículo para añadirle un segundo apartado, en
donde se incriminan los desórdenes públicos particularmente en sede de
acontecimientos muy numerosos (eventos o espectáculos que congreguen a
gran número de personas), pensando el legislador seguramente en los
deportes de grandes masas, y acentuando su punición en casos en que la
alteración del orden público se produzca mediante comportamientos que
provoquen o sean susceptibles de provocar avalanchas u otras reacciones
en el público que pusieren en situación de peligro o a parte o la totalidad
de los asistentes” (STS 136/2007 de 8 de febrero).
Por otro lado, la asistencia al acto no tenía un carácter abierto o
público sino que se accedía con invitación personal y tras la confirmación
de asistencia, y el lugar de la celebración, era un local propiedad de la
Generalitat de Catalunya.
En cualquier caso faltaría el requisito de la asistencia de gran
número de personas, ya que no es lo mismo reunión numerosa (que sí
sería aplicable conforme a la nueva legalidad) que “gran número de
personas” que requeriría que se congregarán masas en los referidos
espectáculos o eventos.
Todavía, acogiendo las sugerencias del Fiscal, desde la óptica de
una interpretación sistemática, resulta que en otros tipos penales como el
artículo 558 del C.P., el legislador, no requiere para la punición de la
conducta tipificada la asistencia de gran número de personas.
Por todo ello el motivo se desestima.
QUINTO.- El motivo tercero lo residencia igualmente en el
artículo 849. 1 L.E.Cr., consecuencia de la inaplicación del artículo 263. 2º.
4º, relativo al delito de daños. Simultáneamente invoca el artículo 851. 3 1
L.E.Cr., por no haberse pronunciado la audiencia, a pesar de ser solicitada
por la acusación particular la aplicación de este subtipo agravado.
1. Los recurrentes parten de los hechos probados que dejan
sentado que el acto de celebración del día de Catalunya (11-9-2013) tuvo
lugar en la Delegación del Gobierno de la Generalitat ante el Gobierno del
Estado, local propiedad de la Generalitat.
En el mismo factum se describe que el grupo de asaltantes al
edificio, para acceder al mismo “rompieron la puerta automática de cristal
de la entrada al local causando daños tasados judicialmente en 1372,14 €”.
La acusación particular en sus conclusiones provisionales, elevadas a
definitivas, interesó la aplicación a estos hechos del artículo 263. 1 y 2. 4º
del Código Penal, cualificación prevista para los supuestos de daños en
bienes de dominio o uso público o comunal.
El carácter público de tal inmueble, resulta de diversos textos
normativos, que oportunamente cita (art. 5.1 de la Ley 33/2003 de 3 de
noviembre sobre patrimonio de las Administraciones públicas; art. 3.1 del
Decreto-legislativo 1/2002 de 24 de diciembre sobre Ley de Patrimonio de
la Generalitat de Catalunya, y la L.O 6/2006 de 19 julio de reforma del
Estatuto de autonomía de Catalunya).
Por su parte la sentencia a pesar de reconocer que “no es
discutible la consideración del lugar de los hechos, Centro Cultural
Blanquerna… como espacio público” y que “se produjo un ataque
colectivo… en un edificio propiedad de la Generalitat”, no se pronuncia
sobre la pretensión formulada y aplica el tipo básico del 263.1 del C. P, sin
argumentar nada sobre la cualificación penal.
2. El fiscal que apoya el motivo, refuerza los argumentos del
recurso de la acusación, a pesar de que en su momento y ante la Audiencia
Provincial no interesó la aplicación de dicha cualificación.
A la normativa que atribuye la condición de bien público añade
el Decreto de la Generalitat de Catalunya de 158/2002 de 11 junio, de
reestructuración de la Delegación del gobierno de la Generalitat en Madrid,
al que se remite el Decreto 93/2008 del 9 abril, en el que se establece la
adscripción de la delegación al Departamento de la Presidencia (artículo 2)
y dentro de sus dependencias incorpora “el Centro Cultural Blanquerna
(art. 5º).
Por su parte la sentencia recoge el carácter público del inmueble
y la rotura de la cerradura y daños ocasionados en la puerta de acceso
ocasionados por el grupo de personas que accedió de modo violento al
local. Todo ello abocaría a la aplicación del subtipo agravado interesado
por la acusación.
3. La pretensión encauzada por el artículo 849.2 L.E. Cr. (error
facti) no tendría cabida al no acudir los recurrentes al mecanismo legal
imperativamente establecido en el artículo 161 L.E.C. y 272 L.O.P.J, cuyo
objetivo es evitar dilaciones indebidas, si por la omisión de un
pronunciamiento retornan los autos a la instancia
Sin embargo, desde el cauce de la correcta infracción de ley
penal sustantiva si podría analizarse la cuestión planteada, y ante unos
hechos probados y su desarrollo en los fundamentos jurídicos, que
acreditan sin ningún género de dudas, que los daños, superiores en valor a
los 400 €, se produjeron en un local de naturaleza pública, determina
inexorablemente la aplicación de la agravación del artículo 363.2º-4º del
C.P.
El fundamento de la agravación se halla en el menoscabo de la
utilidad pública prestada por los locales o en los perjuicios que ocasiona en
el funcionamiento del servicio público a que los bienes se encuentran
afectos. Sobre este punto nuestro Código acoge la idea de que el bien
dañado esté afecto a un servicio público, destacando que la afectación o
vinculación a dicho servicio es sin exigencia añadida de que tal destino o
aplicación lo sea en función a su especial naturaleza o por haber sido
objeto de algún tipo de acondicionamiento, como apostilla el Ministerio
Fiscal.
El motivo debe estimarse.
SEXTO.- El motivo 4º, con igual anclaje procesal que los
anteriores (artículo 849. 1º L.E.Cr.), lo dedica a protestar por la no
aplicación del artículo 514. 4 del Código penal, que castiga a los que con
violencia impidiesen el ejercicio del derecho de reunión.
1.- En sus razonamientos los recurrentes destacan que en hechos
probados se hace constar uno de los propósitos que guiaban a los acusados,
y así se dice… “con la finalidad de protestar frente al acto e impedir su
celebración…”
La aplicación del precepto estaría amparada según los
recurrentes por el artículo 1. 2 de la Ley Orgánica 9/1983 de 15 julio
reguladora del derecho de reunión, entendiendo por tal “la concurrencia
concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada”.
El artículo 2 establece que se podrá ejercer el derecho de reunión sin
sujeción a las prescripciones de la presente ley orgánica, cuando se trate de
las reuniones siguientes…”, entre las que tendría cabida la que nos ocupa.
A continuación los recurrentes discrepan de las razones que
adujo el Tribunal de instancia para negar la subsunción de los hechos en el
artículo 514. 4 del Código penal, y que no eran otras que los hechos eran
coincidentes con los propios de los desórdenes públicos, o quedaban
consumidos en el artículo 557 del Código Penal. Castigar ambos supondría
una infracción del principio “non bis in idem..”
En contra de la tesis de la Audiencia los recurrentes consideran
que no estamos ante un concurso de normas sino ante un concurso de
delitos.
Para la operatividad del principio “non bis in idem” es preciso
que se produzca no sólo la identidad de hechos y sujeto sino identidad de
fundamento para castigar; es decir que la norma proteja idénticos intereses
o bienes jurídicos y éste no es el caso, ya que el bien jurídico protegido en
el artículo 557. 1º es la paz pública o el orden público, en su manifestación
de pacífica convivencia social con posibilidad de ejercer en plenitud los
derechos fundamentales de los que gozan, mientras que el bien jurídico
protegido por el artículo 514. 4 es el ejercicio legítimo del derecho
fundamental de reunión.
Los recurrentes concluyen que el delito de desórdenes públicos
del artículo 557. 1 no exige que los hechos que tipifica (alteración de la paz
y el orden público con violencia) impidan la celebración de una reunión; y
el delito del artículo 514. 4º tampoco exige que la conducta de impedir una
reunión se efectúe mediante los hechos tipificados en el artículo 557. 1 (no
exige este precepto, por ejemplo, que se actúe en grupo, ni que se
produzca una alteración de la paz y el orden público). Incluso nos dicen
que de reputar un concurso de normas y no de delitos determinaría la
imposición de la pena del artículo 514. 4 que es más grave que la del 557. 1
2.- El Ministerio Fiscal, por su parte presta un apoyo parcial al
motivo, y es parcial porque, aún entendiendo que a través de unos mismos
hechos se lesionan bienes distintos en los tipos del 557. 1 y 514. 4, debe
entenderse que los injustos típicos resultantes se hallan en concurso ideal,
pero no real como propugna el recurrente.
Los hitos argumentales del Fiscal son los siguientes:
a) La condena por delitos después de dictar sentencia absolutoria
es posible, ya que no nos hallamos ante la ausencia en unos casos o expresa
negación en otros en los hechos probados de los elementos objetivos que
configuran el tipo.
b) Al estar incorporados al factum los elementos nucleares del
delito (objetivos y subjetivos) la cuestión se limita a un problema
estrictamente jurídico que no impediría mutar una sentencia absolutoria en
otra de signo condenatorio o que contenga una agravación de la pena
impuesta. En estos casos no resulta necesario oír personalmente al acusado,
para cubrir la inmediación, pues dicha audiencia ninguna garantía añadiría
a la defensa, que ha podido replicar y defenderse en la instancia de tal
imputación.
c) Consecuentemente por la vía del artículo 849. 1 L.E.Cr. se
corrigen los errores de subsunción a partir de los elementos fácticos
reflejados en el relato probatorio, sin verificar ninguna nueva valoración de
la prueba practicada en la instancia (véanse SSTS 788/2015 de 9 diciembre
y 214/16 de 15 marzo).
d) En los hechos probados se dice que al acto asistieron 200
personas y los acusados “con la finalidad de protestar frente al acto e
impedir su celebración conjunta y el mismo…”
e) En el segundo fundamento se manifiesta que la acción
enjuiciada produjo “como efecto directo la imposibilidad de la
celebración del acto”.
3.- Los argumentos tanto de los recurrentes como del Fiscal son
plenamente acogibles por las propias razones que lo sostienen, sin que las
razones que justifican la absolución por este delito puedan prevalecer.
Dicha conducta, a diferencia de lo que manifiesta la Audiencia, no estaría
absorbida por el delito de desórdenes públicos, ni se infringiría el principio
non bis in idem.
Sin perjuicio de aplicar un solo tipo delictivo en su mitad
superior (la que asigne pena más grave), el concurso ideal es evidente, en
tanto en cuanto se puede impedir una reunión, sin cometer desórdenes
públicos, o producirse una situación de desórdenes públicos sin que
existan personas reunidas en el ejercicio de ese derecho fundamental.
El motivo debe estimarse en los términos interesados por el
Fiscal.
SÉPTIMO.- En el motivo 5º se formulan dos conjuntamente
dirigidos al mismo objetivo, cual es, la aplicación del artículo 543 del C.P.
que castiga los ultrajes a la bandera o símbolos de España y de las
comunidades autónomas:
El primero, a través del artículo 849. 2 L.E.Cr. (error facti, con el
propósito de incluir en el relato probatorio una afirmación complementaria.
El segundo, por corriente infracción de ley (artículo 849. 1
L.E.Cr. ), por inaplicación del artículo 543 del Código Penal.
1.- En el primer motivo se invoca como documento la grabación
de los hechos realizada por las cámaras de TV3, y en base a la misma
sustituir la expresión “… ya en el estrado Jesús Fernando Fernández arrojó
al suelo de un manotazo la senyera”, por otra en que se diga: “… el señor
Jesús Fernando Fernández Gil se dirigió directamente a la bandera, la cogió
y la arrojó al suelo con violencia y desprecio”.
2.- La aplicación del artículo 553 del Código Penal se halla en
directa relación con la alteración factual de la sentencia.
Los recurrentes entienden que no se precisa un ánimo específico
distinto al dolo típico, de forma que bastaría con el simple conocimiento
del carácter atentatorio al honor ajeno de la acción típica realizada.
No se precisa acto alguno añadido si puede advertirse el
desprecio que conlleva la acción ejecutada, por lo que no haría falta que la
pisoteara o efectuara otro acto despreciativo para considerar incluida una
voluntad de ofender o ultrajar el símbolo. Cualquier hecho que pudiera
considerarse ofensivo o ultrajante bastaría para cubrir el elemento subjetivo
del tipo.
3.- El motivo por error facti debe rechazarse, pues partiendo de
la grabación de TV3, no se descubre un propósito ofensivo o de
menosprecio, por la simple visualización de los actos objetivos ejecutados.
Ciertamente que existen actos inequívocos a efectos de revelar un
propósito, pero el delito con características similares a los de la injuria
exige un dolo característico, consistente en un propósito de menospreciar y
ultrajar la bandera. Existen actos como pisotearla, escupirla, quemarla,
rasgarla, romper el mastil, etc., que por sí mismos pueden evidenciar ese
dolo del sujeto activo pero ese no es el caso.
Por todo ello y ante la inutilidad del documento (grabación) para
acreditar el dolo que exige el delito del artículo 543, procede desestimar el
primer submotivo.
4.- No prosperando el primer submotivo, carece de sentido el
segundo respecto al cual hacemos nuestros los argumentos contenidos en el
fundamento jurídico 3º de la sentencia recurrida (páginas 33,34 y 35) y
ante el propósito demostrado del acusado y sus consortes en la acción de
“reventar” el acto (impedir la celebración de la reunión convocada), no
cabe atribuir intenciones supuestas al acusado.
Éste, como sus compinches, pretendía con la eliminación o
desubicación de los elementos infraestructurales de la celebración que no
se llevará a cabo, actuando contra tales elementos (micrófono, bandera,
cámara de televisión, atril, etc) para desbaratar el organigrama del acto y
anularlo e impedir su celebración, propósito que sí recoge la sentencia.
El motivo no puede prosperar.
OCTAVO.- Con sede procesal en el artículo 849. 1 L.E.Cr., en
el motivo 6º, entienden los recurrentes inaplicado el artículo 147 en su
nueva redacción, todo ello de conformidad a la Disposición Transitoria
Primera de la L.O. 1995 de 23 de noviembre, que promulgó el nuevo
Código Penal.
1.- Conforme a tal disposición transitoria y la transitoria 1ª
apartado 2º de la L.O. 1/2015, la ley antigua y la nueva a efectos de
comparaciones en la búsqueda de la disposición penal más favorable, debe
tomarse en consideración aplicando las normas completas del código en su
redacción anterior o con las de código actual, después de la reforma, ya
que de seleccionar parte de la normativa del Código precedente y del
reformado resultaría una “Lex tertia” que supondría atribuir al juzgador
facultades legislativas.
Pues sobre esa base argumental los recurrentes sostienen que la
sentencia incurre en infracción de ley, al no haber aplicado las condenas
por lesiones leves a Pedro Chaparro, por maltrato a Jesús Fernando
Fernández y a Javier Marcos, conforme al artículo 147 del Código Penal en
su vigente redacción, pues siendo más favorable la aplicación total del
Código Penal vigente, según expuso en el motivo 1º y 2º, debe aplicarse el
citado código en su conjunto.
2.- El motivo no puede prosperar. Como bien apunta el fiscal los
recurrentes pretenden la aplicación retroactiva de la norma en perjuicio del
reo, (haciendo caso omiso al artículo 2 del Código Penal), puesto que como
muy bien dice la sentencia impugnada, tras la reforma del Código Penal,
dichas conductas, se castigan como delitos leves, y la pena que pudiera
imponerse en tal concepto, es superior a la señalada por el Código Penal
vigente en el momento de los hechos para las faltas por las que se ha
dictado la sentencia condenatoria, pues el artículo 147. 2 cuya aplicación
retroactiva pretende el recurrente, establece la pena de multa de uno a tres
meses, mientras que el artículo 617, vigente en el momento de los hechos,
no permitía la imposición de la pena de multa superior a la de dos meses.
El motivo, por ello, no puede ser acogido.
NOVENO.- Con sede procesal en el artículo 849. 1 L.E.Cr. en el
motivo séptimo se considera injustificadamente inaplicada la agravante de
disfraz (artículo 22. 2 del C.P.) en Jesús Fernando Fernández Gil.
1.- Según el factum, -nos dicen los recurrentes- el acusado
referido, al acceder al Centro Cultural Blanquerna el día de los hechos,
cubría su rostro con un pañuelo y unas gafas de sol y un pañuelo negro, y
añade “que le cubría la mitad del rostro, pese a lo cual sus facciones eran
visibles e identificables”.
Los recurrentes analizan el hecho desde las dos perspectivas que
configuran la agravación:
a) Para éstos concurre el elemento objetivo, consistente en la
utilización de un medio apto para cubrir o desfigurar el rostro y la
apariencia habitual de una persona. Es suficiente por tanto que se utilice un
dispositivo útil, para que en abstracto se impida la identificación del sujeto
aunque por otros medios, como la voz, no se logre ese objetivo.
b) El hecho de que con posterioridad haya comparecido ante la
policía, no le resta efectividad a la ocultación del rostro.
2.- A los recurrentes no les asiste la razón.
La Sala de Instancia en su aspecto objetivo relató que el pañuelo
sólo le cubría una parte del rostro, por lo que era visible otra parte de él, así
como el cabello y demás rasgos faciales no cubiertos. También los rasgos
fisionómicos o estructurales del cuerpo eran inconfundibles y fácilmente
identificables, hasta el punto que los agentes policiales con la sola visión
del vídeo fue uno de los asaltantes que identificaron de inmediato. Así
pues, ni el disfraz tenía aptitud para ocultar la identidad y de facto no la
ocultó porque se identificó de inmediato.
Desde el punto de vista de su propósito o intenciones el tribunal
de origen no puede conocerlos al resultar imposible penetrar en su mente,
pero fue convincente la presentación inmediata al día siguiente a la policía,
lo que excluiría el propósito de pasar desapercibido.
Desde el punto de vista formal no es posible apreciar una
atenuante cuyas exigencias objetivas y subjetivas no se hacen constar en el
factum. Sería preciso alterarlo.
La Audiencia en su exclusiva y excluyente función valorativa de
las pruebas, como tribunal de inmediación, ha llegado a la plena
convicción, que esta Sala considera razonable y fundada, de que el disfraz
no era hábil para impedir la identificación y tampoco el sujeto agente tenía
ese propósito, y esta Sala no puede sustituir tal apreciación.
Es motivo no puede prosperar.
DÉCIMO.- En base al artículo 849. 1º, en el motivo 8º, los
recurrentes estiman que procedía la aplicación de la agravante de actuar
por discriminación ideológica (artículo 22. 4 del C.P.) que fue
indebidamente inaplicada: sobre la presente agravatoria, ya argumentamos
suficientemente al estimar el motivo 1º del Fiscal. Remitiéndonos a los
argumentos allí expuestos el motivo deberá estimarse, ya que existió
acusación sobre este punto (fiscal y acusación particular) y el tribunal de
origen incorporó los elementos configuradores de la agravatoría, así
objetivos como subjetivos en el relato histórico, desarrollados en la
fundamentación jurídica, en la que se descubre que el motivo impulsor del
delito o delitos cometidos fue la intolerancia hacia la ideología catalanista
de los convocantes del acto, hasta el punto de llegar a impedirlo.
Consiguientemente y sin necesidad de insistir en las razones
expuestas para acoger dicha pretensión, el motivo octavo debe ser
estimado.
DÉCIMO PRIMERO.- Amparados en el artículo 849. 1º
L.E.Cr. los recurrentes estiman indebidamente aplicada la atenuante de
reparación del daño (artículo 21. 5º) respecto al delito de desórdenes
públicos.
También respecto a dicho motivo recurrió el Ministerio Fiscal
(motivo 2º) y al resolverlo se dio una respuesta positiva al mismo, que debe
trasladarse a la misma pretensión interesada por las acusaciones
particulares.
La cantidad consignada tenía por objeto, reparar los daños
causados en la cerradura de la puerta.
Por todo ello el motivo noveno por coherencia, debe igualmente
estimarse.
DÉCIMO SEGUNDO.- En el motivo décimo, condicionado a
la desestimación del primero y el amparo del artículo 849. 1 L.E.Cr.
considera inaplicados los artículos 169,171.7, 172.1 o 172. 3 del C. P,
respecto al acusado Juan Luis López García.
1.- El argumento fundamental que sostiene el motivo es que las
coacciones y amenazas contra el señor Bosch, Delegado de Gobierno, son
homogéneas con el delito de atentado y la absolución de éste no debiera
impedir la condena por sendas faltas de coacción o amenaza, en caso de no
reputarse delictivas (artículo 169 y 172 del C.P.).
Los recurrentes, reflejan lo explicitado en el factum y los
argumentos sentenciales de los que discrepan.
Así, la sentencia impugnada considera probados: “Juan Luís
López García arrojó al suelo el atril ante el que, impasible, se mantenía el
Delegado de la Generalitat ante el gobierno, Josep María Bosch Bessa,
cuya identidad y cargo desconocía, y encarándose a él le dirigió insultos
relativos a su condición de catalán y amenazas de muerte obligándole a
retroceder, intimidado por la proximidad corporal y sus palabras, hacia la
pared situada a su espalda”.
La Sentencia considera que tales hechos, “si bien no tienen su
encaje legal en el delito de atentado, por lo expuesto previamente, sí
integrarían la falta analizada (falta de coacciones). Pero ninguna de las
acusaciones imputa a dicho acusado el delito de coacciones… Por tanto,
por vinculación al principio acusatorio, no ejercido por la acusación
pública ni por las particulares en relación con este acusado, no cabe
pronunciamiento de condena, pues el delito de atentado y las coacciones
son ilícitos heterogéneos. Procede, por ello, la absolución de Juan Luís
López García por la falta de coacciones”(Fundamento de Derecho Cuarto,
letra C).
A su vez la propia sentencia estima que los hechos probados
podrían ser constitutivos de falta, y en tal sentido nos dice: “las
circunstancias, el entorno y la motivación política en las que se produce la
acción; la falta de concreción de las expresiones proferidas; la brevedad
del encuentro entre sujeto activo y pasivo; la ausencia de relaciones
previas y personales entre las partes y de actos anteriores y posteriores al
que nos ocupa determinan su calificación como falta y no como delito”
(Fundamento de Derecho Segundo, letra C).
Al desarrollar el motivo hace hincapié sobre la homogeneidad
entre los delitos de atentado y amenazas y coacciones, destacando que lo
que se debe impedir es la lesión efectiva del derecho de defensa, es decir,
que en la condena no exista elemento nuevo alguno del que el condenado
no haya podido defenderse. Desde luego la homogeneidad no deriva de la
colocación sistemática de los tipos únicamente, sino que atiende a la
necesidad fundamental de evitar una material indefensión: además de la
identidad de bien jurídico lesionado, debe atenderse a la tipología o
elementos componentes de la acción primaria (configuración de la acción).
2.- El Ministerio Fiscal, en la línea de su brillante informe,
ofrece la condigna respuesta a este reparo casacional.
Hemos de partir como hace la sentencia que por los tipos penales
de coacciones y amenazas no fue específicamente acusado en los escritos
de calificación Juan Luis López.
Puede resultar acogible las tesis, no descartable, de que a nivel
teórico o general pueda existir homogeneidad entre atentado y coacciones,
pero -dice el fiscal- en nuestro caso nos encontramos ante un supuesto de
unidad natural de acción, en tanto las coacciones no constituyen un
elemento independiente de los desórdenes públicos y el impedimento del
ejercicio del derecho de reunión (delito del artículo 514. 4 del Código
Penal) y en tal caso las conductas que los recurrentes pretenden sean
castigadas de forma autónoma se consumen en esas dos figuras delictivas
mencionadas.
En este sentido resulta esencial la doctrina contenida en la
sentencia del Tribunal Supremo 1630/1993 de 2 de julio, invocada por el
Fiscal, según la cual los actos que se den en una estrecha relación temporal
y espacial y se lleven a cabo sobre la base de una voluntad que los abarca
en conjunto, constituyen una única acción, dado que aparecen como un
objeto único de valoración jurídica.
Consiguientemente, es indudable que el delito de desórdenes
públicos, en la medida en que constituye una obstrucción del libre ejercicio
de las acciones de otros, absorbe el desvalor de las coacciones…
Por último podemos comprobar, que bien por las condenas
personales de los excesos del plan proyectado, integrantes de faltas, (ahora
delitos leves), -tales como lesiones por las que se condena a Pedro
Chaparro, maltrato de obra a Javier Marcos y Jesús Fernández Gil-,
contribuyeron, junto a la actitud violenta y coactiva, esto es, presionante,
frente a los asistentes, y organizadores del acto a provocar los altercados
determinantes del delito de desórdenes públicos y contribuyentes, por su
carga coactiva, a impedir el ejercicio del derecho de reunión de los
afectados, las conductas, cuya condena se propugna, están consumidas en
esos dos delitos.
El motivo se desestima.
DÉCIMO TERCERO.- En el motivo décimo primero y último
de los recurrentes con sede procesal en el artículo 849. 2 y 849. 1 de la
L.E.Cr., entienden indebidamente inaplicados los artículos 28 y 147 del
Código Penal en su redacción vigente.
1.- La razón del motivo estriba en no haber extendido la punición
por la falta de lesiones (ocasionadas al señor Bosch) a todo el grupo, al no
haberse identificado al autor del esparcimiento en el local de un espray
irritante, al final del incidente.
Se articula en dos submotivos:
a) Submotivo 1º: 849. 2 . L.E.Cr. en base al cual pretende que se
incorpore a los hechos probados lo referido en el fundamento de derecho 6º
de la recurrida, en los siguientes términos:
“Como consecuencia del gas irritante, sufrió hiperemia faríngea
y picor ocular, requiriendo de primera asistencia facultativa y 3 días de
curación, ninguno de ellos impeditivo para su ocupaciones habituales. Así
consta acreditado en los informes de asistencia unidos a los folios 33, 34,
447 y 448 y en el de sanidad médico-forense unido al folio 446 de las
actuaciones”.
b) Submotivo 2: artículo 849. 1º L.E.Cr. en que se propugna,
con carácter extensible a todos los partícipes la aplicación del artículo 147
del C.P.
Sostienen los recurrentes que no se trataba de un exceso de uno
de los partícipes, sino que por el contrario fue algo que implícitamente
formaba parte del proyecto delictivo o plan trazado por el grupo.
Invoca jurisprudencia de esta Sala, según la cual “la coautoría, o
realización conjunta del delito no supone que todos y cada uno de los
elementos del tipo sean ejecutados por los coautores… son coautores los
que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global aunque
sus respectivas contribuciones no reproduzcan el acto estrictamente típico,
siempre que, aun no reproduciéndolo, tengan el dominio funcional del
hecho, de suerte que sea éste, en un sentido muy preciso y literal, un hecho
de todos que a todos pertenezca. (dolo compartido)”
Los recurrentes concluyen que “si la finalidad compartida por
todos los integrantes del grupo -coautores- era interrumpir e impedir el
acto (dolo compartido); si cada uno de los atacantes contribuyó, con su
respectivas y distintas contribuciones, a la consecución de dicha finalidad
(coautoría ejecutiva parcial); y si la conducta consistente en arrojar el
espray obedecía precisamente a dicha finalidad compartida, habrá que
concluir que dicha acción resulta imputable a todos los integrantes del
grupo”.
2.- Respecto al motivo por error facti, en principio son
razonables y aceptables los documentos que invocan los recurrentes, en
cuanto sin prueba en contra acreditan la producción de unas lesiones leves,
consecuencia de respirar un espray irritante esparcido por iniciativa
exclusiva de uno de los participes cuando ya se habían retirado todos, por
entender concluidos y realizados sus propósitos.
Sin embargo no procede modificar el factum, porque aunque se
reconozca la existencia de esos hechos delictivos, no pudo determinarse el
autor. Por tanto con tal incorporación sigue sin estar determinado el autor.
Si ante tal circunstancia se pretende responsabilizar a la totalidad del
grupo, dicha postura tropieza con el factum y fundamentación de la
sentencia que entiende que fue un exceso fuera de los propósitos
compartidos del grupo. Pero además, si la pena prevista en el artículo 147
por el delito leve es más grave que la establecida para la falta tampoco
podría imponerse al grupo tal sanción dada la irretroactividad de la ley más
perjudicial para el reo (artículo 2. 2 del C.P). Por tanto desde la perspectiva
del juicio de subsunción lo explicado hasta el momento nos conduciría a la
absolución.
3.- La sentencia rechaza la tesis de la acusación con argumentos
razonables y adecuados. Afirma en este sentido que la coautoría “no puede
sostenerse cuando uno de los coautores “se excede” por su cuenta del plan
acordado, sin que los demás lo consientan; pues, en tal caso, el exceso no
puede imputarse a los demás, porque más allá del acuerdo no hay
imputación recíproca. Es lo que ocurre en el caso en el cual en absoluto
ha resultado acreditado que el acuerdo alcanzara a los actos de violencia
contra las personas. Constituyeron éstos excesos por parte de sus autores y
solo a ellos son imputables. Demuestra la falta de aceptación de tales
comportamientos el hecho de que fueron contenidas algunas
manifestaciones violentas por otros miembros del grupo”.
En conclusión, los recurrentes aducen que si la finalidad
compartida por todos los integrantes del grupo -coautores- era interrumpir
e impedir el acto (dolo compartido); si cada uno de los atacantes
contribuyó, con su respectivas y distintas contribuciones, a la consecución
de dicha finalidad (coautoría ejecutiva parcial); y si la conducta consistente
en arrojar el espray obedecía precisamente a dicha finalidad compartida,
habrá que concluir que dicha acción resulta imputable a todos los
integrantes del grupo.
Sin embargo, la Sala de instancia ha dispuesto de pruebas
suficientes para concluir que el esparcimiento del espray fue una iniciativa
constitutiva de un exceso fuera del plan trazado y producida cuando ya
había concluido el grupo de acusados sus propósitos delictivos.
Por todo ello podemos concluir, con el Fiscal que dados los
hechos probados, resulta que no existe ningún dato que permita inferir, el
conocimiento por el resto de los acusados, de que uno de ellos portaba el
referido espray, ni que lo fuera a utilizar, pero es más, tampoco del factum
resulta la existencia de una participación adhesiva, ni siquiera sucesiva,
pues el referido hecho se produce, cuando los acusados, tras haber
consumado las secuencias delictivas propuestas, abandonaron el local, y es
en ese momento, cuando el no identificado, lanzó el producto irritante.
El motivo debe rechazarse.
DÉCIMO CUARTO.- Que de conformidad al artículo 901
L.E.Cr., como quiera que han sido estimados total o parcialmente a los
recurrentes los motivos 3º, 4º, 8º y 9º, procede declarar de oficio las costas,
procediendo a la devolución del depósito si se hubiere constituido.
III. FALLO
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le
confiere la Constitución, esta Sala ha decidido QUE DEBEMOS
DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE
CASACIÓN con estimación total de los dos motivos articulados por el
Fiscal y de los motivos de los recurrentes Generalitat de Catalunya y
Josep María Bosch Bessa, numerados como 3º, 4º, 8º y 9º, procediendo a
casar y anular la sentencia recurrida dictando otra más conforme a derecho,
y todo ello con declaración de costas de oficio, devolviendo a tales
recurrentes el depósito si se hubiere constituido. Y, comuníquese esta
resolución, y la que seguidamente se dicte, a la mencionada Audiencia a
los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día
remitió.
Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la Colección
Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos
Julián A.Sánchez Melgar José Ramón Soriano Soriano
Luciano Varela Castro Juan Saavedra Ruiz
Joaquín Giménez García
722/2016
Ponente Excmo. Sr. D.: José Ramón Soriano Soriano
Fallo: 16/11/2016
Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Rico Fernández
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
SEGUNDA SENTENCIA Nº: 983/2016
Excmos. Sres.:
D. Julián Sánchez Melgar. Presidente
D. José Ramón Soriano Soriano
D. L

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